Punto de encuentro
La fiscal general sigue haciendo méritos
Se trata de ejercer con firmeza el legítimo poder político que se le confirió en las urnas.
Hace un par de semanas escuché el análisis que el embajador retirado de los Estados Unidos, Stephen McFarland, compartió con un grupo de periodistas respecto del rol de la comunidad internacional para apoyar a la ciudadanía guatemalteca a frenar el golpe de Estado que buscaba impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomaran posesión.
¿Piensa seguir acotando la estrategia para destituir a Porras Argueta a una “institucionalidad” que no existe?
El diplomático alertó que continúa latente un rompimiento institucional por la vía judicial para separar al presidente y a la vicepresidenta de sus cargos. Textualmente dijo: “el Pacto de Corruptos sigue obstaculizando al gobierno y en mi opinión tiene el propósito de sacar a Arévalo y a Herrera antes de mediados del 2026, precisamente para que ninguno de ellos pueda escoger de la lista de los seis al siguiente Fiscal General”.
Lleva toda la razón. Es más, los acontecimientos de la última semana dejan muy clara la intención de ese pequeño pero poderoso grupo que conforma el Pacto de torpedear al gobierno, hacer ver a sus funcionarios como incapaces -cuando es el Congreso el que les está poniendo un palo en la rueda para impedirles avanzar- e insistir en la anulación del resultado electoral de junio y noviembre de 2023 a través de casos espurios y fabricados por el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta.
Y si a eso sumamos la estrategia dentro de las comisiones de postulación para sabotear y volver a cooptar el proceso de elección de magistraturas a la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones, vemos muy bien dibujado el cuadro que están pintando.
No habíamos terminado de celebrar el triunfo de los atletas guatemaltecos en las Olimpiadas y la primera medalla de oro para Guatemala de la mano de Adriana Ruano, que festejamos el doble tratándose de una mujer, cuando unas horas más tarde aparece en un video en redes sociales la iracunda fiscal general (así, con minúsculas) en una interminable perorata anti-gubernamental, acusando a funcionarios clave del Ejecutivo de violar el amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad le otorgó cuando Arévalo anunció que presentaría ante el Congreso una reforma a la ley orgánica del MP para removerla del cargo. Las “pruebas”: publicaciones en redes sociales donde la mencionan. O sea, ella y su equipo pueden vociferar, patalear y grabar videos interminables repletos de señalamientos y acusaciones falsas, pero la libertad de expresión es solo suya.
Lo más patético de la grabación es ver a la capitana del Pacto de Corruptos pedirle cuentas a un gobierno que apenas lleva 6 meses, cuando se pasó y sigue garantizando la impunidad de Jimmy Morales, Alejandro Giammattei, Miguel Martínez y sus corruptos funcionarios que son los responsables de la situación que afrontamos en Guatemala dada su negligencia y rapacidad para hacer chinche los recursos del Estado en negocios que apestan como el Libramiento de Chimaltenango o la compra de las vacunas Sputnik. Pero ahí sí el MP y la fiscal mutis por el foro.
El colmo fue la solicitud que hizo al tribunal constitucional (sinceramente en este momento no creo que la vayan a complacer) de procesar penalmente a Bernardo Arévalo, argumentando que no ha cumplido la orden de evitar acciones para removerla del cargo.
Ante este escenario presidente, y lo digo con todo respeto, ¿piensa seguir acotando la estrategia para destituir a Porras Argueta a una “institucionalidad” que no existe porque la justicia está cooptada, o ensayar otras alternativas para precisamente empezar a recuperar la institucionalidad a partir de la salida de la fiscal general?
El pueblo —que ya lo hizo una vez— lo acompañaría, presidente. Se trata de ejercer con firmeza el legítimo poder político que se le confirió en las urnas y tomar una decisión impostergable para frenar el sabotaje a su gobierno y a nuestra democracia.
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