“Estamos propiciando un diálogo con los estados y proponiendo que tenemos la madurez para estar al nivel de los Estados y tomar decisiones en la operación de las áreas protegidas y nuestros territorios”, indicó José Medina, de la red indígena Rita de México.
La declaración incluye 13 acuerdos, en los que destaca que “los Estados deben establecer mecanismos de alto nivel conjunto y paritario para la definición, diseño e implementación de las políticas públicas en materia de uso y manejo áreas protegidas, bosques, aguas, minería, hidrocarburos y derechos de propiedad intelectual“.
Además la declaratoria exige “a los Estados evitar el otorgamiento de licencias de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburíferos, así como la construcción de represas hidroeléctricas y agro combustibles en las tierras y territorios de los Pueblos indígenas”.
Para Ramiro Batzin, de la asociación Sotzil, en representación de Guatemala, durante el foro se ha hecho un análisis de los derechos de los pueblos indígenas en territorios protegidos.
“Se tiene una estrategia mesoamericana sobre el abordaje de territorios y áreas protegidas que permite presentar a los Estados las acciones que se están planteando es una agenda con objetivos y resultados concretos a desarrollarse en los próximos tres años“, señalo Batzin.
Los acuerdos serán presentados a secretarios y directores de los distintos consejos de áreas protegidas de la región, que a partir de este martes participan del IV Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas en la provincia de Heredia, Costa Rica.
“Esperamos que tenga respaldo la demanda que estamos haciendo, ya hemos cabildeado con algunos gobiernos, especialmente con Guatemala para que se presente consideraciones que se incluyan en la declaración final”, dijo Onel Masardule de la fundación para la promoción del conocimiento indígena de Panamá.
