El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo el pasado sábado 2 de febrero, en una reunión con exiliados venezolanos en Miami, que el tiempo para el diálogo en Venezuela terminó y que la situación actual requiere “acción”. Además, señaló que Washington está trabajando en una “transición pacífica” en el país sudamericano.

Se refería a una posible intervención militar estadounidense en respaldo al diputado opositor Juan Guaidó, quien en un mitin el pasado 23 de enero se autoproclamó “presidente designado” de Venezuela. En ese mismo sentido, se pronunció Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando expresó que “con Maduro no hay nada más que negociar”, vaciando de contenido el multilateralismo, que debiera ser un pilar central de este espacio regional.

Esta situación es crítica para Venezuela y para el continente. La cuestión no es estar con Maduro o contra Maduro. Quienes pretenden encerrar la discusión en ese dilema casi unipersonal, falsean la realidad. Nadie niega que sean controvertidas y equivocadas muchas de las medidas y posiciones de Maduro y de su gobierno. No se puede compartir la represión ni dejar de condenar la violencia, venga de donde venga. Y tampoco se pueden negar los problemas económicos que enfrenta el pueblo venezolano y dejar de solidarizarse con las penurias de su población.

Por eso, los esfuerzos deben encaminarse a apoyar a que las y los venezolanos construyan una salida pacífica a esta crisis, que tiene en el diálogo un ingrediente esencial. Llamar a la insurrección a los militares, promover un golpe de Estado o una intervención militar externa en Venezuela son todas salidas equivocadas. Nunca a través de la guerra y la violencia se puede lograr la paz.

Los que reducen todo a Maduro sí o Maduro no, omiten, en forma deliberada, el papel que el gobierno de los Estados Unidos ha jugado en la región y en el mundo. Desde el siglo XIX ha sido el principal promotor de agresiones e invasiones en América Latina.

Resultaría insuficiente el espacio de esta columna para listarlas todas, son más de cien, pero basta mencionar el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz Guzmán en nuestro país, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); las invasiones a República Dominicana, Haití y Panamá y el apoyo y financiamiento a las dictaduras militares en Centroamérica y el Cono Sur que dejaron miles de muertos y desaparecidos.

Ni hablar de la fundación y entrenamiento en la Escuela de las Américas de cientos de oficiales de los ejércitos que fueron responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos: torturas, masacres, desapariciones forzadas y genocidio. En la actualidad, operan 36 bases militares estadounidenses en nuestro Continente. Hay siete en Colombia, a las que, según informes de prensa, se destinaron en los últimos días más tropas, medida que habla por sí sola.

De “acciones” y “transiciones pacíficas” encabezadas por Estados Unidos hemos tenido suficiente en América Latina. Por eso espanta que haya quienes apoyen una intervención militar como una dizque solución a la crisis que se vive en Venezuela.

Como alternativa está el llamado de México y Uruguay a respetar la paz y a defender el derecho internacional y los principios de autodeterminación y no intervención, buscando un camino pacífico y de diálogo político. Nadie dice que será fácil y que tendrá éxito, pero es la senda que hay que recorrer. La otra, la de los marines y los portaviones, ya sabemos dolorosamente cómo termina. Eso no puede volver a pasar en nuestro Continente. No deberíamos permitirlo.