Érick Villatoro Letona, auxiliar de la PDH, expuso que la prevalencia de este fenómeno evidencia que las campañas han sido infructuosas.
El funcionario dijo que la falta de acción de las entidades a las que corresponde atender este problema ha hecho que este se generalice. “En lugar de decrecer, va en aumento. Desafortunadamente, afecta a todo el departamento y se teme que se salga de control”, expresó.
Villatoro indicó que a la campaña se han unido organizaciones sociales, pero debido a que los esfuerzos se hacen de manera desarticulada —cada uno por su lado—, no consiguen avances sustanciales. Sugirió unificar esfuerzos y diseñar estrategias en conjunto.
Agenda por un lado
Según Vayron Herrera, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) en Huehuetenango, este retroceso se debe a que no hay una campaña permanente contra este flagelo, por lo que las acciones se debilitan cuando se deja por un lado la agenda.
Explicó que en el 2005 se integraron comisiones municipales sobre resolución de conflictos, lo que permitió salvar muchas vidas; sin embargo, se dejó de hacer y, en la actualidad, líderes negativos de nuevo influyen en las turbas para evitar la participación de la PNC y la PDH, y tomar justicia por mano propia en detenciones por homicidio, extorsión y secuestro.
Las turbas impiden que los acusados tengan el debido proceso en los juzgados y aplican la ley por mano propia, que es cobrar un delito con otro.
Herrera teme que Huehuetenango vuelva a alcanzar cifras de linchamientos, como en el 2011, cuando se reportaron 25 casos.
Jorge Morales, coordinador de juntas locales de seguridad, dijo que las acciones de prevención son limitadas, y que los comités de vecinos rurales necesitan capacitación sobre detención de sindicados de delitos.
Falta de confianza
La situación es similar en Alta Verapaz. Carlos Guillermo, auxiliar de la PDH en este departamento, manifestó: “Preocupa el hecho de que la misma gente esté tomando justicia por su propia mano, independientemente de cómo la aplica, por lo que se debe generar confianza por parte de las entidades de justicia y seguridad, para hacer el papel que les corresponde”.
Olga Maribel Tello, del Comité Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz, considera que la reactivación de linchamientos se debe a situaciones como la falta de comprensión por parte de la población sobre procedimientos legales, o que los operadores de justicia no saben cómo reaccionar ante una situación de esta naturaleza.
Refirió que desde el año pasado, con la Fundación Myrna Mack, capacitan a agentes de la PNC sobre la cobertura de linchamientos, porque vieron que había debilidad, especialmente en la reacción de los policías en el momento que se lleva a cabo un linchamiento.
Sin embargo, la situación no es fácil, pues debido a la poca cantidad de agentes, fueron pocos lo que asistieron a la capacitación.
Casos
Acciones de turbas
Una de las víctimas de linchamiento en el 2014 fue el guardia de seguridad privada Domingo Morales Pérez, de 22 años, quien fue sacado de la carceleta de la PNC de Aguacatán, Huehuetenango, golpeado y colgado de un arco de futbol el 24 de febrero. Era sindicado de la muerte del comerciante Ismael
Chávez, 19.
El 7 de febrero, pobladores de la comunidad Saquiquib Samox, Cahabón, Alta Verapaz, golpearon a Ramiro Ajcal Chub, 18, y luego lo enterraron en la fosa donde sería sepultado el cadáver de Juan Xuc Coc, quien supuestamente fue ultimado por aquel.
Vidal Roberto Martín Morales y Lucas Martín murieron en manos de pobladores del caserío Vista del Quetzal, Tajumulco, San Marcos, el 2 de febrero, tras ser sindicados de haber matado a un líder de esa comunidad.
El 27 de enero, Kenny Roger Cano, de 25 años, también fue vapuleado y colgado en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, acusado de robo y de haber matado a un indigente.
Dato
5 personas han sido linchadas en lo que va del año.
