Previamente aprobada en el Senado, la reforma fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.
Hasta ahora, el código establece que todos los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas durante sus labores de servicio son considerados infracciones a la disciplina militar, con lo cual la justicia castrense asumía la jurisdicción, sin importar si la víctima era un civil.
Para activistas y organizaciones esa cláusula abría las puertas a la impunidad, debido a que consideran que la justicia militar no goza de independencia ni imparcialidad.
Con la reforma, se establece que cualquier delito cometido por un militar y en el que esté involucrado un civil, será visto y asumido por jueces civiles.
Organizaciones civiles reconocieron la aprobación hecha en el Congreso, pero dijeron que aún falta realizar nuevos ajustes para hacer más transparente la justicia militar.
