EDITORIAL
Dramático éxodo desde México por violencia
Para el Estado de Guatemala, la situación fronteriza no puede ni debe ser relegada o menospreciada.
La región sur de México, específicamente el área de Chiapas, se ha convertido en el último año en el núcleo de una creciente y cada vez más descarnada disputa entre carteles rivales de narcotráfico. Los reiterados llamados y denuncias de la población civil no fueron atendidos con la suficiente fuerza cuando se empezaron a producir las primeras reyertas en el 2023. Chiapas es un estado considerado como uno de los más pobres de la federación mexicana, y no desde ahora, sino desde hace tres décadas, cuando estalló allí la llamada revolución zapatista, que demandaba mayores inversiones para el desarrollo comercial, industrial y humano.
Chiapas también ha sido un puente de paso para millones de migrantes de todas las nacionalidades, incluyendo guatemaltecos. Ha sido área de muchas capturas, operativos y deportaciones para frenar este flujo incesante, en el cual las mafias encontraron un lucrativo negocio a costa del sufrimiento, el expolio de los trashumantes y a veces también su muerte. Todavía se recuerda el letal accidente de un tráiler con 200 migrantes hacinados, que dejó 49 muertos, 12 de ellos guatemaltecos. Pero no era el primero, ni fue el último siniestro por trata de personas.
La actual línea fronteriza entre Guatemala y México abarca 969 kilómetros y fue demarcada por el tratado Herrera-Mariscal, de 1882, aprobado por el gobierno de Justo Rufino Barrios. De esta frontera, aproximadamente dos tercios, es decir 658 kilómetros, corresponden al estado de Chiapas. A lo largo de esta distancia, existen incontables “pasos ciegos” y áreas con total ausencia del Estado, así como un enorme cinturón de pobreza. Esta combinación se convirtió en caldo de cultivo para la práctica invasión de grupos criminales que se disputan territorio y que ahora desplazan a indefensas poblaciones civiles mexicanas.
El descuido en la seguridad de esta frontera es un aliado de grupos de contrabandistas de mercancías e incluso combustible desde México, pero también ha servido como perverso aliciente para las incursiones de convoyes de blindados que han sostenido enfrentamientos o perpetrado ejecuciones del lado guatemalteco. Hace un mes se difundía por redes sociales un video perturbador en el cual un presunto grupo narco se regodeaba de una masacre en La Concordia, Chiapas, que dejó 19 muertos, entre ellos al menos cuatro guatemaltecos, que al parecer eran pistoleros del bando rival. Se evidenció la agudización de una guerra por un territorio estratégico de paso.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente saliente, ha ofrecido brindar condiciones de seguridad a los aldeanos mexicanos desplazados, que actualmente reciben apoyo humanitario del lado guatemalteco. Esto evidencia que el combate de esos grupos, que más bien se han expandido, constituye uno de los grandes fracasos de su gestión, aunque lo niegue y quiera disimularlo con pura retórica. Pero las realidades están a la vista y no son halagüeñas.
Para el Estado de Guatemala, la situación fronteriza no puede ni debe ser relegada o menospreciada. Recientes decomisos de droga en el país evidencian que el trasiego persiste, lo cual a su vez denota una ingente cantidad de dinero ilícito disponible para tratar de corromper a autoridades locales e incluso congresistas, sobre todo aquellos pertenecientes a zonas fronterizas o que fueron postulados por partidos sospechosos de narcofinanciamiento. El siguiente gobierno mexicano, que asume dentro de poco más de un mes, tiene en su zona sur un desafío de seguridad formidable, porque abarca el tráfico de drogas, de mercancías y de personas, razón por la cual las mafias sabotean el desarrollo.
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