En una de esas notas periodísticas es citado —como ejemplo del atraco masivo a los consumidores— un medicamento regulador de la presión arterial esencial, trastorno de salud que afecta a millones de hombres y mujeres en nuestro país. Es el siguiente: el precio de 28 tabletas del fármaco es en Guatemala de Q842.40 y el mismo producto en México cuesta el equivalente a Q341.74; en El Salvador a Q251.48; en Honduras a Q316.84; en Nicaragua a Q381.00 y en Costa Rica a Q343.47.

Esa cantidad de tabletas —se toma una por día— alcanza para menos de un mes y sabido es que deben ser tomadas toda la vida. Hay miles de trabajadores cuyo salario mensual es igual o menor que el precio de las 28 tabletas mencionadas y hay incontables personas que no devengan salarios, porque no trabajan, lo cual da una idea de la magnitud del problema creado por el súbito encarecimiento de los medicamentos, hecho comercial que aleja cada día más a la población de la posibilidad de acceder a muchos medicamentos esenciales y no esenciales. La semana pasada los precios subieron en un 25 y un 50 por ciento, por disposición de empresas cuyos dueños acordaron, por la libre, ajustar el valor de venta de esos productos.

El sobreprecio ya era tan alto antes del aumento citado, tanto que algunas cadenas de farmacias anuncian como atractivo un permanente descuento del 35 por ciento, lo cual evidencia que la fijación de precios no responde a la ley de la oferta y la demanda, sino a decisiones como la apuntada, sin que el Estado intervenga en favor de los enfermos.

Los productores de medicamentos niegan ser los culpables, pero admiten que el problema existe y lo cargan a “distribuidores, cadenas de farmacias y farmacias independientes”, según declaraciones dadas a los medios de comunicación social.

Ahora, veamos esto: en Guatemala funciona un Departamento de regulación y control de productos farmacéuticos y afines, uno de los seis departamentos de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cuya función —según indica una publicación oficial— es “regular y controlar los productos farmacéuticos y afines y los establecimientos que los importan, fabrican y comercializan en Guatemala”, pero nada dice acerca del procedimiento que tienen los establecimientos comerciales para fijar los precios, y es que el meollo del problema consiste en que la fenomenal y multimillonaria producción, distribución y venta de los medicamentos es un fabuloso negocio privado. En Guatemala anualmente se autoriza un promedio de tres mil (3,000) registros sanitarios de medicamentos, sin ejercer control de precios. Sí lo ejercen, en cambio, Estados capitalistas entre los que figura Inglaterra —cuna y madre de la economía de mercado— y el Gobierno del Reino Unido “estudia recortar el precio de los medicamentos de marca en un 20%”, medida que será aplicada a medicamentos que todavía no están bajo el control de precios, según una información publicada en el sitio web digitalfarmadrid.

Guatemala, por ser país miembro de la Organización Mundial de la Salud, está obligada a poner en práctica el postulado de la OMS según el cual “El derecho a la salud implica el acceso de todas las personas a los medicamentos que necesiten, sin que sus limitaciones de ingreso lo impidan”, y señala como obligación de los sistemas de salud “adoptar un mecanismo idóneo de provisión para garantizar que el acceso a los medicamentos no sea determinado por el ingreso de las familias, sino por la necesidad de los individuos”.

Los organismos del Estado tienen con eso una orientación que no deja lugar a dudas.