De mis notas
Las “confusiones” de postulación
Es una irresponsabilidad no corregir los problemas congénitos que la hacen inviable.
Adelanto con carácter profético que las comisiones de postulación, por la coyuntura que vivimos y con los hoyos negros sistémicos que contiene en su interior —que se traga medio universo del veneno clientelar y politiquero de nuestro país—, no podrán cumplir con el propósito para el cual fueron creadas.
Mi pronóstico profético es que no podrán tomar posesión este año.
Mi pronóstico optimista es que los nuevos magistrados de las salas y de la Corte Suprema de Justicia no podrán tomar posesión sino hasta, quizás, finales del año. Este diagnóstico se basa en observaciones elementales de los procedimientos y plazos actuales.
Una simple suma de los expedientes nos indica que no serán menores a los evaluados en las últimas comisiones: alrededor de 4,200 expedientes, de los cuales aproximadamente 3,000 son para magistraturas de salas y unos 1,200 para la Corte Suprema. Este año aumentarán.
Uno de los mayores problemas es que la ley no previó la posibilidad de recibir miles de expedientes dentro de los plazos que ella misma fija. Los tiempos ya han sido vulnerados y existen atrasos. Faltan dos decanos que aún no han sido juramentados. Se suponía que las comisiones debían iniciar el 1 de mayo del 2024.
Sin embargo, si ni siquiera se han reunido para juramentar a todos los decanos, definir la sede y la convocatoria, es realista suponer que todo el inicio del proceso de evaluación de expedientes se retrasará, asumiendo que no habrá amparos de algún tipo.
Por cuestiones de espacio, no entraré en detalle sobre el intrincado método de evaluación de cada expediente, desde la recepción hasta la entrega del informe que contendrá la lista de los candidatos finalistas, supuestamente, a finales de septiembre de este año.
Tomando en cuenta la posible repetición de escenarios de las últimas comisiones de postulación, es factible suponer que recibir, analizar, clasificar y calificar 4,200 o más expedientes, y finalizar con las listas de finalistas de alrededor de 135 titulares de salas más 90 suplentes, y los 26 de la Corte Suprema, requerirá que los miembros de las comisiones trabajen —desde finales de julio, cuando estén plenamente juramentados y operativos— todos los días, trabajando 8 o más horas, incluyendo sábados y domingos.
Si se incluyen las horas de discusión para llegar a acuerdos, más los posibles amparos —que es casi seguro que algún candidato lo haga por sentirse agraviado; más las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, para presionar tachas por X o Y candidato, el escenario no presagia un ambiente propicio para expeditar el proceso.
Es lamentable que, desde el día siguiente al cierre de las últimas comisiones de postulación, no se haya hecho un informe detallado de los problemas congénitos que dicha ley contiene, haciéndola inoperativa, para evitar repetir este lamentable proceso de desgaste.
Durante comisiones pasadas, hice varias observaciones que escribí en una de mis columnas sobre el tema: 1. Es indispensable integrar la carrera judicial, para establecer un mecanismo meritocrático que premie la experiencia, formación y desempeño de los jueces y magistrados de salas. 2. No tiene lógica que un juez de un tribunal de alto impacto penal, al ser electo magistrado, pueda ser enviado a una sala laboral, perdiéndose todo su conocimiento y experiencia. Si eliminamos a los magistrados de salas, solo habría una Comisión de la Corte Suprema. 3. Los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían ampliarse a 8 años y elegir a la Corte por mitades, para que no quede acéfala y sin inercia, evitando así el vacío de experiencia que impide una transición correcta.
Esto apenas comienza…
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