Editorial
La salud pública no admite excusas
La desnutrición continúa siendo el gran talón de Aquiles nacional.
Si una persona fallece por falta de insumos en un hospital público, si la salud de un ciudadano se deteriora por falta de atención oportuna en un centro asistencial o si un niño desnutrido muere a causa de un cuadro agudo al que precedió una prolongada inanición, nunca habrá una excusa suficiente para cubrir cada tragedia. Y eso porque la garantía de la vida es la primera, básica y fundamental del ordenamiento del Estado de Guatemala y sus organismos.
Los primeros seis meses del gobierno de Bernardo Arévalo, en materia de salud pública, han transcurrido, sobre todo, entre paliativos de una crisis por desabasto de medicamentos a causa de una deuda con proveedores. También existe un proceso de presión, recientemente reivindicado, de miles de empleados salubristas que buscan pasar de un contrato temporal a una plaza presupuestada, con la consiguiente carga de costos fijos para el Ejecutivo, tanto en el pago de salarios como en la acumulación de pasivos.
Cabe recordar que los diputados del anterior oficialismo sentenciaron al pueblo de Guatemala a pagar por estas contrataciones, sin que mediara ningún tipo de evaluación de personal, necesidades locales de servicio o clasificación de puestos. En diciembre de 2023, la entonces alianza oficialista trasladó Q350 millones del presupuesto del 2024 para comenzar esa contratación, sin importarle el costo ulterior. Solo quería granjearse fidelidades con dinero ajeno, sin cuestionar la calidad de tal personal; curiosamente, entre los firmantes de dicha iniciativa se encuentran algunos diputados que hace algunas semanas exigían la interpelación del entonces ministro de Salud, Óscar Cordón, quien renunció el 15 de junio y cuyo sucesor titular, Joaquín Barnoya, fue anunciado ayer.
Parte de las presiones contra el anterior ministro estaban claramente relacionadas con solicitudes de contrataciones de personal por parte de ciertos diputados distritales. El otro frente abierto de descontentos, devenidos en presiones, fue la suscripción de un contrato para la compra de medicamentos mediante el sistema Unops, directamente en el mercado internacional, por US$900 millones en cuatro años, con costos más eficientes para el sistema hospitalario estatal.
La desnutrición continúa siendo el gran talón de Aquiles nacional, pues las muertes infantiles en el primer semestre de 2024 superaron a las del mismo período del 2023. Aunque se argumenta que hay un cambio en la forma de contabilizar casos, para evitar subregistros, la niñez malnutrida constituye un problema histórico sobre el cual debe haber logros tangibles en el corto plazo. Retomar los lineamientos del plan Crecer Sano, relegado en el anterior período, y trabajar en interacción con instituciones no gubernamentales dedicadas a combatir la desnutrición es una vía para rescatar futuros que hoy siguen en riesgo.
Los presupuestos hospitalarios tienen alta ejecución, pero aún falta medio año; los accidentes de tránsito, sobre todo de motociclistas, y la incidencia de enfermedades crónicas inciden en la alta ocupación de camas e insumos. La tendencia de ambos factores debe tomarse en cuenta a la hora de formular el siguiente presupuesto de Salud. La epidemia del dengue, agudizada en la época de lluvia, constituye otro frente en el cual se cruzan las prioridades de atención curativa y de prevención. Así también, la vacunación infantil aún no alcanza a reponerse en cifras. Lamentablemente, la comunicación estatal no ha sido suficiente para concienciar a los padres sobre los riesgos y exhortarlos a proteger a sus hijos.
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