EDITORIAL
Seguridad en tiempo real demanda innovación
Las extorsiones siguen siendo el delito más reportado y de mayor impacto en la población.
Es plausible el desarrollo de una herramienta digital que provea datos actualizados constantes acerca de las acciones policiales, hechos delictivos, incidentes de tránsito y capturas, con visión retrospectiva de un lustro. La denominada Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic), presentada ayer, ofrece un vistazo reciente de la inseguridad ciudadana y su combate en cifras, la disección por lugar y tiempo. Permite ver, por ejemplo, que lunes es el día de más impacto criminal y que los delincuentes no madrugan tanto, pues la mayor incidencia de fechorías ocurre entre las 12 y las 18 horas.
Las extorsiones siguen siendo el delito más reportado y de mayor impacto en la población, según el Pladeic. Ciertamente, se han reducido en relación con años anteriores las denuncias, pero aún existen vulnerabilidades carcelarias y bandas de imitadores que siembran agonía entre los ciudadanos honrados. Es llamativo que las exacciones se dirijan contra residencias y, en segundo lugar, contra pequeños negocios. Claro está, este sistema de datos, manejado por la Dirección de Estadística de la PNC, no reporta estimados de subregistro u omisiones de denuncia.
En otras palabras, la cuentadancia es importante, pero más lo son las estrategias modernas, tecnológicas e innovadoras que la Policía Nacional Civil y todo el sistema nacional de seguridad deben implementar de cara a la próxima década. Pero para esta continuidad es necesaria una postura seria de los partidos políticos, que en gobiernos precedentes preferían cortar cúpulas policiales por simple y vulgar animadversión, pese a los buenos resultados. La carrera policial, con un régimen claro de reconocimiento o demérito, debe establecerse como prioridad de Estado.
En efecto, la PNC, que este 15 de julio cumple 27 años de haber sido fundada, ha estado sujeta a las veleidades e incluso negligencias de ministros de Gobernación plegados a agendas sectarias que relegan el bien común. Pero el respeto a los procesos también pasa por la dignificación de los agentes, en cuanto a la provisión de alimentos, equipo, transporte y condiciones dignas de alojamiento. A menudo estos insumos se anuncian como concesiones clientelares, cuando en realidad deben ser piezas de una estrategia integral.
Dos noticias exhiben las fragilidades persistentes en la PNC, que exponen a la institución a ser infiltrada por grupos oscuros. Una, las denuncias de cobros ilícitos para, supuestamente, facilitar el ingreso de aspirantes a la academia policial. Tal queja denota que la Policía es vista, sobre todo en áreas rurales, como una agencia de empleo, más que como una institución de servicio público, y ello entraña el riesgo de ingreso de personal no idóneo. Segundo, las evaluaciones de ingreso deberían tener filtros aleatorios y los procesos de admisión, un monitoreo constante. Lo mismo vale decir de los ascensos o traslados, sobre los cuales también existen señalamientos de cobros, especialmente para áreas fronterizas.
La otra noticia es la reinstalación de agentes destituidos por malas prácticas por orden de juzgados de trabajo. Si bien la defensa de derechos laborales se debe ejercer como una garantía ciudadana, la seguridad pública también lo es. Tales órdenes deberán tener un doble y triple filtro, para evitar el riesgo de cohechos o presiones en las judicaturas. En efecto, la seguridad pública es un desafío intersectorial, pero a la larga recae sobre la institución y la mística policial que necesita responder en tiempo real a los sucesos e incluso anticiparse para prevenir que ocurran.
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