Punto de encuentro
Buena Vista y Santa Rosita
“En conjunto, 60 familias están en riesgo de quedar en la calle el 26 de junio”. PzP
Desalojados: “Queremos que el presidente sepa que estamos refugiados debajo de los árboles”. Ese es el título del reportaje que publicó este domingo 24 de junio, en Plaza Pública (PzP), la periodista Elsa Coronado.
Imprescindible que el ministro Francisco Jiménez asuma el tema del actuar de la PNC en los desalojos.
El texto describe con precisión la crisis humanitaria que sufren 160 personas —unas 30 familias— de la comunidad Buena Vista que fueron desalojadas hace un mes de los terrenos que ocupaban. Cargaron con las pocas pertenencias que lograron rescatar porque apenas les dieron dos horas para “sacar lo que pudieran”. Consiguieron refugio en una comunidad vecina, Santa Rosita, cuenta la colega. “Pero también hay una orden judicial que busca expulsar a quienes les concedieron albergue. En conjunto, 60 familias están en riesgo de quedar en la calle el 26 de junio”, alerta.
La publicación recoge los testimonios de varias mujeres maya q’eqchi’ que cuentan las penurias que pasan para alimentar a sus hijos. En las fotografías de Laura García y los videos de José Misa se ve a varios niños y niñas literalmente comidos por los zancudos, entre los lazos y pedazos de nailon que colocaron los adultos para tener, entre los árboles, algo parecido a un techo.
La historia de la comunidad Buena Vista no es muy distinta a la de decenas de comunidades rurales e indígenas que viven en condiciones de pobreza extrema y abandono en Guatemala. La concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos contrasta con la imposibilidad de cientos de familias de acceder a una parcela que les garantice el sustento. En 2015, cuando estaban muy cerca de lograr la titulación de las tierras donde vivían, ocurrió un derrumbe que puso fin “a la ilusión de la titulación de sus tierras”, escribe Elsa sobre los motivos que obligaron a las familias de Buena Vista a ocupar terrenos privados.
Además del hambre, la falta de servicios básicos y el nulo acceso a derechos esenciales como educación, vivienda y salud, la persecución judicial es otro grave problema que enfrentan. Recordemos que la criminalización que hoy viven operadores de justicia y periodistas, inició y continúa en contra de comunidades y organizaciones campesinas e indígenas cuyos líderes son acusados por el Ministerio Público de delitos como usurpación agravada y asociación ilícita, a partir de que se organizan para defender derechos laborales, reclamar tierra o defender sus recursos naturales.
Porque como siempre ocurre en nuestro país, las graves problemáticas sociales, económicas y ambientales se intentan “resolver” con represión y castigo, en lugar de con transformaciones de fondo que requieren, obviamente, reducir los privilegios de las élites, el poder de los terratenientes y de las empresas extractivas o las multinacionales.
Después de 30 días de ocurrido el desalojo y a partir de la publicación del reportaje en PzP, llegaron el mismo domingo hasta Santa Rosita, Oswaldo Samayoa de Copadeh y Zulma Calderón de la Sosep. En otras administraciones no habrían siquiera reaccionado, es cierto, pero esperamos más que eso del gobierno de Semilla.
Se entiende que 6 meses son insuficientes para abordar una problemática profundamente compleja, pero las imágenes del desalojo que documentaron medios y periodistas locales y que circularon por las redes durante cuatro semanas daban cuenta de la urgencia de atender más allá de las “mesas de diálogo” a estas familias y de lo imprescindible que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, asuma directamente el tema del actuar de la PNC en los desalojos porque tampoco las formas pueden seguir siendo las mismas.
Lamentable además que el procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, haya convertido a una institución, que supo cumplir con su mandato velando por las personas y sectores más vulnerables, en un cascarón vacío e irrelevante.
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