“Mi mayor temor es que se entregue un muerto a la familia equivocada”: la forense que identifica a los migrantes que fallecen al cruzar la frontera de México a EE.UU.

Un equipo de la Universidad Estatal de Texas en San Marcos lo descarga con cuidado y mucho esfuerzo (pesa el doble que en vida) de un camión y lo coloca entre otras mortajas que, en vista de la cantidad de moscas que revolotean, llevan allí unas cuantas semanas.

Así quedará, descomponiéndose a la intemperie en un remoto rancho del suroeste de Estados Unidos., hasta que este grupo de jóvenes encabezado por la antropóloga forense Kate Spradley cumpla con su cometido.

Se hacen llamar Operation Identification y tratan de poner nombre a los migrantes que fallecen al cruzar la frontera de México con Estados Unidos, para que sus restos puedan ser repatriados.

Bayron Adalberto López Fajardo, de 21 años, partió hacia Estados Unidos a finales del año pasado desde Nicaragua con su padre, Luis Adalberto López Peña, de 42.

Un mes y medio después ambos se ahogaron en el río Bravo.

Pero eso es algo que Kate Spradley y su equipo todavía no saben mientras clasifican los restos de Bayron con el nombre genérico de John Doe.

Un “desastre masivo”

“Mi mayor temor es que se entregue un muerto a la familia equivocada”, dice Spradley.

Es una mujer menuda de unos 50 años, con gafas de pasta y melena corta, y que tiene por costumbre soltar frases como bombas.

Y esta la deja caer cuando ya estamos finalizando la visita a Freeman Ranch, una propiedad de cientos de hectáreas que alberga las instalaciones de Investigación Antropológica Forense de la Universidad Estatal de Texas, cuyo laboratorio y “área de descomposición” dirige Spradley.

En esta vastedad a medio camino entre las ciudades de Austin y San Antonio, a unas escasas tres horas en coche de la frontera con México, fundó en 2013 Operation Identification.

Lo hizo precisamente por la sospecha de que, en un contexto en el que los cruces indocumentados empezaban a dispararse, aquello que más temía podía estar ya ocurriendo.

“Recuerdo especialmente una ocasión, en la que encontraron tres cráneos, uno grande y dos más pequeños”, le cuenta a BBC Mundo.

“Como coincidía con la búsqueda de una migrante salvadoreña y sus hijas desaparecidas, quienes los encontraron se dijeron: ‘Estas deben ser’. Y así, sin más, enviaron los restos a los familiares”.

Hoy cita como su principal inspiración el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Fundado en la década de los 80 para averiguar lo ocurrido a las víctimas de la guerra sucia del gobierno militar (1976-1983) y restuir los restos a sus respectivas familias, el EAAF se hizo mundialmente famoso por haber identificado el cuerpo del Che Guevara en 1997 en Bolivia.

Desde entonces se ha involucrado en la identificación genética en casos como el de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en México, o en zonas postconflicto en Bosnia, Angola o Timor Oriental, entre otros países.

“Trabajan con tal dignidad y respeto que solo queríamos replicar lo que hacen y aportar ese enfoque humanitario”, apunta Spradley llena de admiración.

Así que se dispuso a poner las técnicas de la antropología legal al servicio de un problema que le era más cercano y que describe como un “desastre humanitario masivo”.

“Al no ser un solo evento catastrófico, sino algo más bien crónico, la cuestión de las muertes de migrantes tratando de cruzar a Estados Unidos no se aborda como tal, pero es así como lo vemos nosotros”, subraya.

“Y es además una catástrofe con la que terminan lidiando los condados fronterizos, rurales y algunos de los más pobres de Texas, que cuentan con escasos recursos y poca preparación para hacerlo”, se lamenta.

“Están totalmente sobrepasados, así que si te ahogas tratando de cruzar el río Bravo, es probable que termines desapareciendo”, sentencia, mientras se gira para mostrar un mapa colgado en la pared.

“Aquí están enterrando los ahogados que no pudieron identificar”, dice mientras señala uno de los 254 condados que conforman Texas.

“En este otro, una jueza de paz me dijo que llevan 14 años cremándolos sin haberles tomado muestras de ADN”, en contra de lo que indica la ley texana, prosigue.

Y es que el el Código de Procedimientos Penales del estado exige que se recolecte el ADN de cualquier cuerpo no identificado y se envíe al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUs, por sus siglas en inglés).

Spradley y otros entrevistados para este reportaje coinciden en que no siempre se cumple con el protocolo.

“Y aquí… este es ahora el epicentro”, dice, señalando en el mapa un punto del condado de Maverick, en Eagle Pass.

El municipio es la zona cero de la disputa entre la administración del presidente Joe Biden y el gobierno de Texas por el control la cuestión migratoria.

El gobernador texano, el republicano Greg Abbott, ha colocado 48 kilómetros de alambre de púa a lo largo de la frontera, generando una disputa con el gobierno federal que ha llegado hasta la Corte Suprema.

Y es precisamente en Eagle Pass donde miembros de la Patrulla Fronteriza recuperaron del río el cuerpo hinchado de Bayron en febrero pasado.

El de su padre fue rescatado del lado mexicano por efectivos del Grupo Beta, un servicio del Instituto Nacional de México (INM), en el sector de Piedras Negras.

El coyote que los guiaba los abandonó a su suerte, de acuerdo a la organización Texan Nicaraguan Community, que se encarga de difundir información y ayuda en el proceso de identificación, contacto con la familia y repatriación.

“Hay mucha gente desaparecida, y aunque nos esforzamos y acudimos a todos nuestros contactos, no logramos encontrarlos a todos”, nos explica Gloria Ochoa, una de las voluntarias de esa organización.

Hoy por hoy tienen 75 casos sin resolver de nicaragüenses a los que se les perdió la vista mientras migraban.

Un peligro “invisible”

Lo que atrae a los migrantes a esta franja de frontera es su relativa seguridad.

En la zona de Piedras Negras, la ciudad del estado de Coahuila que colinda con Eagle Pass, se reportan menos secuestros de migrantes y extorsiones que en otras localidades fronterizas como Ciudad Juárez, en Chihuahua, o Reynosa, en Tamaulipas.

Pero para llegar desde ahí a Estados Unidos antes hay que sortear el río Bravo, al que en el norte le dicen Grande, y que ejerce de barrera natural separando 13 condados de Texas de cuatro estados de México.

Hay días en los que su nivel apenas sobrepasa la altura de la rodilla, y aun entonces su poderosa corriente subyacente puede llegar a arrastrar al más fuerte o a la nadadora más experimentada.

“Lo que la gente no entiende sobre el río es que desde la orilla sus aguas parecen en calma, pero tan pronto como te adentras en él, sientes su poder. Es algo que se subestima, un peligro invisible”.

Así se lo explicó el teniente bombero Julio Valdés a un equipo de la BBC que viajó a la zona de Eagle Pass para informar sobre cómo las autoridades locales y la comunidad lidian con los ahogados.

Y en el mismo río pudieron ver a Valdés y al resto del equipo de rescate recuperando un cadáver de las aguas.

Desde que hace décadas se empezaron a implementar medidas antiinmigración a lo largo del río, ha habido casos de migrantes que se han ahogado tratando de cruzarlo.

Pero las cifras se han disparado en los últimos años, apunta Stephanie Leutert, investigadora del Centro Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales de la Universidad de Texas en Austin.

Ninguna agencia gubernamental estadounidense o mexicana lleva la cuenta total y actualizada de los migrantes fallecidos.

En un cálculo conservador, la experta estima que unos 2.700 migrantes se ahogaron en el río Bravo entre 1997 y 2022.

Una morgue móvil y un juez de paz

Una vez recuperados los cuerpos del río, una funeraria suele trasladarlos a la morgue.

En el caso del condado de Maverick, al que pertenece Eagle Pass, la morgue es un tráiler que adquirieron durante la pandemia de Covid-19 y que tiene espacio para 20 cadáveres, aunque la mayoría de veces alberga más.

Allí mantuvieron el cuerpo sin identificar de Bayron durante todo el mes de marzo y parte de abril.

En el proceso de identificación, primero un empleado de la oficina del alguacil busca documentos, cicatrices, tatuajes, marcas de nacimiento y ropa, además de tomar apuntes y fotografías. El siguiente en entrar a escena es un forense.

En Texas solo 13 de los 254 condados tienen uno, y en el resto lo sustituye un juez de paz.

A diferencia de los forenses, que son médicos de formación y atienden exclusivamente las muertes, los jueces de paz tienen una variedad de deberes que cumplir además de supervisar las investigaciones de fallecimientos: presiden tribunales de demandas menores, emiten órdenes de detención y celebran matrimonios.

En el condado de Maverick una de estas atareadas profesionales es Jeannie Smith, una afable mujer de risa fácil. Se turna con otros cuatro jueces, haciendo guardias de una semana.

“Hubo semanas en las que no dábamos abasto, en las que no sabíamos dónde meter los muertos”, le cuenta por teléfono a BBC Mundo. “En mis dos últimas guardias, en los dos últimos meses, solo me han tocado dos”.

En descenso en el número de ahogados en el río Bravo coincide con la disminución del flujo migratorio.

En mayo hubo 118 mil detenciones en la frontera, casi la mitad de las 250 mil registradas en diciembre.

Las autoridades mexicanas han sido el dique que ha ayudado a reducir la llegada de inmigrantes irregulares a territorio estadounidense en lo que va de 2024.

Así lo ha reconocido el presidente Joe Biden, quien emitió recientemente una orden ejecutiva para limitar la entrada de migrantes aún más.

Lo hizo a apenas cinco meses de las elecciones del 5 de noviembre, en las que previsiblemente se enfrentará al expresidente Donald Trump y en las que el tema de la inmigración irregular se volvió uno de los asuntos de debate más candentes.

“Aunque la tendencia a la baja puede cambiar en cualquier momento”, señala Jeannie Smith, quien en sus 14 años de servicio ha presenciado desde el terreno los vaivenes del flujo migratorio.

En cualquier caso, como juez de paz, es quien decide si un cuerpo debe ser sometido a una autopsia, ya sea porque la condición del cadáver plantea dudas sobre las circunstancias de la muerte, porque las autoridades así lo solicitan o para garantizar que se recolecta el ADN que ayude en su identificación.

“Aunque hoy por hoy se están dando casos en los que se mira el cadáver, se compara con el documento de identidad y se dice que eso es una identificación, cuando en realidad es una hipótesis”, advierte Kate Spradley.

“Muchos están en tal estado de descomposición que no se parecen a la foto de la licencia de conducir. También cabe la posibilidad que un individuo (fallecido) cargue la cartera de otro, con todos sus documentos”, apunta.

“Los únicos métodos científicos de identificación son a través de huellas dactilares o ADN”, zanja.

Para obtener esas muestras y contrastarlas, los cuerpos de los migrantes ahogados que recuperan en Eagle Pass son enviados a la oficina forense del condado de Webb, situada a 200 km, en la también fronteriza Laredo.

Por allí pasaron los 25 cadáveres que vi descargar en Freeman Ranch a mediados de abril; entre ellos, el cuerpo aún sin nombre de Bayron.

Hacía 15 días que los restos de su padre habían sido repatriados en un vuelo de carga de Avianca a Managua.

Un trabajo de detective

“Tenemos un problema: no nos llegaron los números de caso del condado de Maverick, solo los asignados por la forense”, me dice con fastidio Kate Spradley, aprovechando la pausa de su equipo para beber agua y recolocarse mascarillas y guantes antes de seguir bajando las bolsas del camión.

“Ahora toca llamar a la Patrulla Fronteriza y comparar lo que nosotros encontremos al revisar los restos con sus apuntes y fotos. Es realmente un trabajo de detective”.

Molly Kaplan, asistente de investigación en Operation Identification, ve el lado positivo: “Al menos seis vienen ya identificados —dos venezolanos, dos hondureños, un cubano y un nicaragüense—, a otros ya les tomaron las huellas dactilares y todos llegan desvestidos”.

“¡971!”, gritan desde el interior del remolque, leyendo el número escrito en una de las bolsas para cadáveres.

La abren. Se asoma un cuerpo amarillento.

“Necesitamos tomarle las huellas”, dice Ivanna Robledo, revisando el informe que recogieron en la oficina de la forense y que contiene el número de caso, el nombre del juez de paz que lo procesó, la fecha, qué queda pendiente y si se logró identificarlos o no.

“Creo que esto es tejido”, comenta un miembro del equipo sosteniendo una de las manos. “No sé si vamos a sacar mucho de ahí”, añade otro.

“Intentémoslo y, si no lo conseguimos, al menos habremos puesto en práctica nuestras habilidades”, les dice la doctora Spradley.

Después me contará los trucos que aprendió del FBI y que facilitan su tarea: “Si está en un estado avanzado de descomposición y metes su mano durante unos segundos en agua hirviendo, es como si rebrotaran las huellas. Y para cuerpos momificados, la táctica es sumergirlos en una solución o masajearles un poco los dedos”.

Cierran la cremallera, colocan la bolsa en un trineo y la deslizan por la rampa del remolque.

Ya en el suelo, la cargan hasta el espacio vallado a modo de jaula que llaman “instalaciones de descomposición”, y que el Día de Muertos el grupo decoró con un altar, velas, flores y banderas de varios países latinoamericanos.

Cuando acaben de vaciar la caja del camión, una hora después, allí habrá en total 88 cuerpos. A mano izquierda, los más urgentes: aquellos a los que hay que tomarles las huellas y las muestras de ADN.

“También les sacaremos fotos y lo documentaremos todo, sus tatuajes, sus arreglos dentales, su cabello y datos demográficos. Tomaremos notas de cada objeto personal que lleven, todo antes de que continúen descomponiéndose”, explica Courtney Siegert, asistente de investigación doctoral de Operation Identification.

Lo harán, sin perder tiempo, al día siguiente.

Un grupo de voluntarios lavará los objetos personales y la ropa de los fallecidos, poniéndola a secar al aire libre como quien tiende la colada. “Antes se hacía a mano, pero ahora tenemos esto y estoy muy emocionada”, dice Spradley ya en el laboratorio, señalando la lavadora que está en una de las salas.

En paralelo, empezarán con las pesquisas para tratar de establecer la identidad de los fallecidos.

“Con nuestro trabajo se amplían las posibilidades de lograrlo, ya que no solo comparamos las huellas con la base de datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), sino que acudimos al FBI, que tiene acceso a información a nivel nacional”, explica la directora de Operation Identification.

Si no hay coincidencias, se ponen en contacto con los consulados latinoamericanos, para intentar cruzar las huellas dactilares recogidas por ellos con las de, por ejemplo, los registros electorales.

O buscan coincidencias de ADN en una base de datos humanitarios de reciente creación y en la que el Equipo Argentino de Antropología Forense y otros laboratorios comparten información genética de individuos de América Latina.

Si aún así no logran ponerles nombre, guardarán los esqueletos en una caja de cartón en el laboratorio del Centro de Antropología Forense en Freeman Ranch.

“Aquí pueden quedarse todo el tiempo que sea necesario. ¿Quién sabe? Quizá dentro de cinco o 10 años, con el avance científico, puedan llegar a identificarse”, dice Spradley frente varias decenas de cajas amontonadas.

En el caso de Bayron Adalberto López Fajardo, la coincidencia se dio tan pronto como cruzaron su ADN con la muestra que las autoridades mexicanas habían recogido de su padre.

Sus restos fueron repatriados a Managua el 19 de mayo a bordo de otro avión de carga de Avianca.

Los familiares los recogieron y los enterraron en Murra, departamento de Nueva Segovia, desde donde padre e hijo partieron hacia el norte el 6 de diciembre, sin siquiera sospechar que la travesía terminaría trágicamente medio año después, en el mismo punto de partida.