justicia
CC reserva información sobre seguridad de los magistrados, después de gastar Q6.4 millones en vehículos blindados
La presidencia de la Corte de Constitucionalidad publicó este 24 de junio en el Diario de Centroamérica que la información relacionada con la seguridad de sus magistrados no se podrá conocer durante siete años.
La presidencia de la Corte de Constitucionalidad declaró reservada la información acerca de su esquema de seguridad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Luego de conocerse que la Corte de Constitucionalidad entre el 2023 y 2024 ha gastado unos Q6.4 millones solo en compra y blindaje de vehículos para uso personal de los magistrados, este lunes 24 de junio se dio a conocer que declararon bajo reserva toda información relacionada con su seguridad, gastos que no podrán revelarse antes de siete años.
A inicio de junio de 2024, el medio digital Vox Populi publicó que la Corte de Constitucionalidad, bajo la presidencia de Néster Vásquez Pimentel, blindarían por Q1.4 millones cinco camionetas para uso de los magistrados titulares, valoradas en Q2.2 millones y adquiridas en 2023, porque “había riesgos y temor a sufrir ataques”.
Antes de poseer estos vehículos la CC había comprado otras cinco camionetas por Q3.2 millones. La información, publicada en Guatecompras, trascendió, y según fuentes de la CC, habría orillado a la presidencia a tomar la decisión de limitar el acceso a la información bajo el “argumento de que se quería conocer el esquema de seguridad de los togados del alto tribunal”.
Fue así que, por decisión de la presidencia de la CC, que este año recae sobre el magistrado titular, Vásquez Pimentel, a partir de ahora la información relacionada con la seguridad de los integrantes del alto tribunal será reservada por los próximos siete años.
Los cinco magistrados constitucionales, Néster Vásquez, Héctor Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus gozan del privilegio de seguridad personal, tienen asignado guardaespaldas y vehículo blindado.
La CC publicó este 24 de junio, en el Diario de Centroamérica, la resolución 1-2024 de fecha 19 de junio de 2024, en la que declara “clasificar de información reservada aquella que tenga que ver con los magistrados titulares y la descripción del esquema de seguridad, la identificación del personal que les presta seguridad, la descripción del tipo de armamento que porta el personal de seguridad y la descripción de las asignaciones de vehículos a los magistrados de la CC”.
La información que se clasifica y reserva es "el contenido total de los documentos identificados como 0278, 0277, 0279, 0280, 3068, 3069, 3216, 3269, 4085, 4596, 4598, 4928, 4944, del Departamento de Inventarios de la Dirección Financiera; del libro control de asignación de personal de seguridad a magistraturas, esquemas de seguridad y equipo, de los folios cero uno (01) al treinta y tres (33) del Departamento de Seguridad".
Todo esto, según la justificación de la CC, porque “durante los últimos meses se ha dado un incremento de incidentes que han constituido amenazas reales y tangibles contra la integridad de los magistrados de esa instancia”.
Según la presidencia de la CC, estos hechos provocaron la presentación de denuncias penales y también ante organismos internacionales.
Hasta ahora, el Ministerio Público (MP) no ha dado a conocer si es afirmativo que hay denuncias de magistrados titulares por amenazas o ataques.
El Ministerio de Gobernación (Mingob), por su lado, solo confirmó que se la ha dado protección especial a la magistrada titular, Leyla Lemus y al suplente Rony López.
Según la publicación de la CC, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares en favor de algunos magistrados de la CC “por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia irreparable a sus derechos en Guatemala”.
De los cinco integrantes de esa alta Corte, solo Lemus tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH. El 13 de enero se las dieron por considerar que está en situación de "gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos".
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Los magistrados suplentes no gozan de este beneficio, sin embargo, en esta magistratura, solo uno ha recibido seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) debido a las amenazas “de grupos del crimen organizado”, según denunció el togado.
Se trata de Rony López, quien, además, solicitó medidas cautelares ante la CIDH también, pero a la fecha no se las han otorgado.
Base jurídica
La presidencia de la CC cita el artículo 30 de la Constitución de la República para justificar la decisión de declarar bajo reserva información de ese alto Tribunal por los próximos siete años.
El Artículo de la Carta Magna que cita tiene relación con la publicidad de los actos administrativos.
“Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.
También justifica la decisión “en el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública relacionado con la clasificación de la información”
“La clasificación de información reservada se hará mediante resolución de la máxima autoridad del sujeto obligado la que debe ser publicada en el Diario Oficial y debe indicar lo siguiente: 1. La fuente de la información; 2. El fundamento por el cual se clasifica; 3. Las partes de los documentos que se reservan; 4. El plazo de reserva que no será mayor de siete años, y, 5. El nombre de la autoridad responsable de su conservación”.
Cuestiona la forma
El constitucionalista, Edgar Ortiz, opina, en primera instancia, que es entendible que haya “reserva sobre cierta información relacionada con el esquema de seguridad de los magistrados. Hay sentido al respecto, porque ocurre en otras instancias del Estado”.
“Evidentemente un esquema de seguridad puede estar dentro de las excepciones de la ley. Es habitual que, por ejemplo, en la SAAS, la seguridad presidencial, no puede hacer pública la ubicación de los agentes porque haría vulnerable al funcionario si intentan atentar contra él”, argumenta Ortiz.
Es razonable y lógico no conocer el mecanismo de seguridad, opina en especialista en jurídicos. Una segunda reflexión que hace Ortiz es la forma en que se toma esta decisión.
“No es la mejor, porque hablamos de que dos magistrados han buscado tener medidas de seguridad, pero el pleno nunca se pronunció al respecto, hasta ahora”, analiza.
Una decisión como esta, cuestiona Ortiz, se debe dar a conocer y explicar, pero no lo hicieron en su oportunidad.
“Que el Pleno no diga nada al respecto es complicado. Que no tengan un pronunciamiento público para respaldar a sus pares también. Por lo menos para que se tenga un contexto de por qué se tomó la decisión”, argumenta Ortiz.
El especialista cuestiona que no se hayan pronunciado en su oportunidad públicamente para justificar, incluso, el uso de vehículos nuevos, blindados.
La Corte de Constitucionalidad emitió la resolución 01-2024 por medio de la cual declara la reserva de cierta información que a su consideración se encuadra dentro de las excepciones al derecho de acceso a la información pública. Considero que se excedieron, veamos (1/n)
— Silvio Gramajo (@SilvioGramajo) June 25, 2024
Las excepciones al acceso son necesarias, pero de manera correcta, no pueden hacerse para ocultar información, costos de compras, pago de contratos o evitar la crítica pública que es fundamental y útil en todo sistema democrático. Una justicia que no es pública no es justicia.
— Silvio Gramajo (@SilvioGramajo) June 25, 2024
“Amenazas de esta naturaleza merecen un pronunciamiento, una explicación y ser más asertivos”, revela.
Respecto del plazo de siete años de reserva de la información, Ortiz duda que sea razonable y que sea algo adecuado.
Una cuarta reflexión que hace el experto es que, si la decisión la debió tomar solo la presidencia o todo el pleno, porque la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 25, que fue con el que justificaron la decisión, refiere que “la confidencialidad está a cargo del sujeto obligado, es decir la Corte de Constitucionalidad, y no la presidencia”.
El tema, al final, indica Ortiz, no es jurídico, sino que es una cuestión de gestión, de administración y transparencia. “No voy a cuestionar la necesidad de una clasificación como esta en materia de seguridad, porque hubo un atentado contra una magistrada, una amenaza contra otro. Al final lo que esperaban era apoyo”, revela.
El asunto para Ortiz es que todo se encuadra en la transparencia, en el marco de la confidencialidad, pero que hay que justificarla ante los ojos de la ley y del pueblo.
“Pero al haber silencio, las críticas aparecen, invita a cuestionar si esta decisión fue para justificar los blindados”, puntualiza.
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