Marn denuncia anomalías en licencia ambiental de operación de minera Cerro Blanco

En una conferencia de prensa este viernes 14 de junio, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, anunció una nueva denuncia tras haber detectado supuestas anomalías en la licencia de impacto ambiental de la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa.  

La denuncia es en contra Diego Pérez, exdirector de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, debido a durante su mandato ocurrieron supuestas anomalías que la cartera ya denunció en torno a la licencia de operaciones que se había otorgado a la compañía.

La funcionaria explicó que la entidad Elevar Resources, propietaria de la mina Cerro Blanco, solicitó una actualización de su licencia ambiental en 2021, la cual fue aprobada por el Ministerio de Ambiente el 9 de enero de 2024.

El gobierno actual tuvo conocimiento de la aprobación a través de una publicación que hizo la misma compañía una semana después, el 17 de enero de 2024, especificó Orantes.

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“El estudio de impacto ambiental que presentó la compañía en 2021 indicaba un cambio de sistema de explotación subterránea a un sistema de explotación a cielo abierto. La entidad aplicó a la figura de actualización, pero esta no procedía pues el cambio de actividad implica un proyecto enteramente nuevo y diferente al proyecto original”, especificó Orantes.

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Supuestas anomalías

En ese contexto, Orantes afirmó que detectaron varias anomalías en el expediente, con las que presentaron denuncias anteriormente, entre las que se encuentran:

• El estudio de impacto ambiental que presentó la compañía en 2021 indicó un cambio de sistema de explotación subterránea a un sistema de explotación a cielo abierto.
• La entidad aplicó a una figura de actualización durante este cambio, pero no procedía, pues esto implicaba un proyecto “enteramente nuevo y diferente al proyecto original”.
• El expediente tiene asignado un número de correlativo que le pertenecía a otras empresas.
• Las rúbricas y firmas contenidas en la providencia de solicitud de ampliaciones y oficios emitidos son presuntamente falsas, lo cual llevó a que los asesores ambientales presentaran una denuncia ante el MP.
• No existe evidencia documental que se haya notificado a la empresa sobre la solicitud de las ampliaciones; sin embargo, las ampliaciones sí fueron presentadas.
• En la resolución No. 8-2024 aparecen las iniciales que correspondían a un procurador jurídico; sin embargo, esta persona dejó de laborar en diciembre de 2023, por lo cual no pudo haber redactado esta resolución.
• Se usurpó la identidad del notificador quien se encontraba de vacaciones, por lo que presentó una denuncia ante el MP.
• Se confirmó el extravío de más de 900 folios del expediente original del proyecto Cerro Blanco.
• Se dieron señalamientos alrededor y fueron analizados con total apego a la ley, dijo Orantes en la conferencia de prensa.

 Impacto de la mina a cielo abierto

La ministra explicó que la explotación minera subterránea es distinta a la explotación a cielo abierto, principalmente porque esta última tiene “impactos potenciales” al medio ambiente. Según la funcionaria, estas son las afectaciones:

• Incremento en el flujo de metales pesados presentes en las rocas hacia las fuentes de agua superficiales, producto de la remoción y desplazamiento del suelo en procesos de extracción a cielo abierto.

• Afectación a la biodiversidad y calidad del agua.
• Respecto al arsénico, representan un alto riesgo para la salud humana.
• Aumenta la turbidez en los ríos y arroyos por la erosión del suelo.
• Impacto en los flujos naturales y disponibilidad del agua en el área de influencia.
• Pérdida de suelo fértil.
• Pérdida de flora y fauna.
• Alteraciones geomorfológicas por la extracción de más de 250 millones de metros cúbicos de suelo y subsuelo.
• Alteración de patrones de infiltración y drenaje de aguas pluviales
• Microsismos y alteraciones del suelo por detonaciones.
• Ruido por detonaciones.
• Tránsito de maquinaria pesada.
• La aprobación no contemplaba una fase de cierre y recuperación del área afectada.

Nuevo trámite para mina Cerro Blanco

El Ministerio resolvió que la empresa debe solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental, anunció Orantes en la conferencia.

“Quiero informar que, por último, el Marn presentó una denuncia adicional en contra del exdirector de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, debido a que fue durante su mandato que ocurrieron estas anomalías y es necesario deducir responsabilidades”, explicó Orantes.

El exfuncionario es señalado de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

La cartera de Ambiente comunicó sus hallazgos al Ministerio de Energía y Minas para que las considere y proceda en el marco de sus competencias.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, también ofreció declaraciones y confirmó que la mina Cerro Blanco es un proyecto que lleva muchos años y fue en 2007 que se otorgó la licencia a la empresa original por 25 años para explotación de minería subterránea.

Ventura aclaró que la actividad minera ha sido mínima y que los estudios que se hicieron en esa época por la compañía fallaron ya que era “materialmente imposible trabajar con los calores geotérmicos en minería subterránea”.

Esas fallas en esos estudios, que se atribuyen a la compañía, fueron precisamente lo que llevaron a solicitar el cambio en la explotación minera, indicó el funcionario.

“Nosotros procederemos como corresponde, no se puede otorgar la licencia para minería a cielo abierto a esta empresa. Tendrá que hacerse un nuevo estudio”, puntualizó.

Empresa rechaza acciones

Elevar Resources rechaza enérgicamente las acciones tomadas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con respecto al intento de dejar sin efecto el instrumento de actualización EIA-329- 2007 para el proyecto minero Cerro Blanco y las declaraciones realizadas por la ministra Patricia Orantes.

La firma señala que la decisión amenaza la certeza jurídica para los inversionistas internacionales y afecta directamente una inversión de más de US$350 millones, y se reserva el derecho de recurrir a los tratados internacionales de inversión.

Estas acciones son contrarias al Artículo 125 de la Constitución, no tienen fundamento técnico ni legal, y están amparadas únicamente en posibles errores administrativos que nada tienen que ver con Elevar.

Elevar Resources confía en la prevalencia del marco legal del país para garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones en Guatemala y hará uso de todos los mecanismos legales locales a su disposición para defender su inversión y derechos adquiridos, incluyendo las acciones penales por los posibles delitos de abuso de autoridad y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, entre otros.