Finalmente, la fiscal general, María Consuelo Porras, decidió emprender acciones contra quienes pretenden interpretar antojadizamente las leyes o resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en torno al diferendo entre el gobierno de Jimmy Morales y las Naciones Unidas respecto del acuerdo sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

En un breve comunicado emitido ayer por el Ministerio Público, Porras advierte a los integrantes de la comisión pesquisidora del Congreso de que se abstengan de continuar el proceso de antejuicio contra tres de los integrantes de la CC, planteado por varios miembros de la Asociación de Dignatarios de la Nación.

Esta es la postura más contundente asumida por la Fiscal General, y no solo advierte a los diputados de no seguir adelante con sus pesquisas, sino también instruye a otras fiscalías para iniciar investigaciones que permitan determinar el incumplimiento de otras resoluciones emitidas por la CC, relacionadas con el funcionamiento de la Cicig y sobre lo cual hay claros abusos de varios funcionarios.

El MP, como órgano independiente y encargado de la persecución penal, tiene un mandato ineludible de velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Eso incluye investigar a quienes se consideran superiores a la ley o pretenden hacer una interpretación antojadiza de marcos regulatorios y hasta de la Constitución, a la cual falsamente dicen defender.

El oportuno comunicado emitido por la Fiscal General contribuye en mucho al fortalecimiento de la institucionalidad del país, pues en los últimos meses el mismo presidente Morales ha incurrido en garrafales exabruptos, como pretender ser él y su círculo de colaboradores más cercanos quienes decidan si acatan o no resoluciones del máximo órgano constitucional del país, bajo el supuesto de que defienden la Constitución.

Viniendo del primer mandatario de la Nación, es intolerable que siendo él uno de los que enfrentan investigaciones por corrupción intente beneficiarse asimismo con la expulsión de la oficina antimafias de las Naciones Unidas. Más lamentable ha sido la actitud de la canciller Sandra Jovel y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quienes no solo han asumido una actitud de rebeldía, sino han dado pasos más osados para entorpecer el trabajo de la Cicig y del MP, y de irrespeto a resoluciones judiciales.

Toda desobediencia de las resoluciones de los órganos de justicia debe ser frenada porque solo así se consolidará el estado de Derecho y se pondrán límites al abuso de poder, como hasta ahora lo han evidenciado los más altos funcionarios del país, quienes han llegado al extremo de advertir de que no acatarán las resoluciones de la CC, como si cualquier gobierno, mucho menos uno de los más desprestigiados como el actual, tuviera facultades para desafiar resoluciones ineludibles.

Las acciones que emprenda el MP en torno al escándalo desatado por el Gobierno con su particular interpretación acerca del acuerdo sobre la Cicig deben ser respaldadas, pues, ante la actitud temeraria mostrada por los actuales funcionarios, corresponde a ese órgano asumir con hidalguía y firmeza el papel para el cual está diseñado, antes de que el actual régimen continúe incurriendo en desaciertos que amenazan el estado de Derecho y el funcionamiento pleno de las instituciones del país.