Seguramente usted ha escuchado, imaginado o incluso experimentado alguna vez esa escena en la que descubre a su hijo sacándole dinero de la billetera o tomándolo de la mesa donde lo puso. Indignación, rechazo, malhumor o compasión serían algunas de las emociones que podrían describir su reacción. Es presumible que hablaría con su muchachito y le haría ver que esa actitud no es correcta por muchas razones: pierde la confianza que tiene en él, no es una relación aceptable en la familia o incluso hacerle ver que es un delito, todos ellos argumentos que utilizaría en su determinante bronca al patojo.

Sin embargo, esa misma lógica, que es universal y responde a la ética del comportamiento humano, la soslayamos cuando el dinero es público. Es más, la aplaudimos y justificamos con vehemencia, cuando no la practicamos. Alcaldes que se recetan jugosas dietas que duplican su salario, políticos que se aprueban seguros de vida y de accidentes, sindicatos que pactan bonos extraordinarios en cualquier fecha del año, instituciones que hacen lo propio —recuerde la CC— con pagas complementarias, dirigentes sindicalistas y políticos que se quedan con parte de esa negociación colectiva justificada “para beneficio de sus afiliados”, carros, celulares, computadoras…, todo “gratis” porque se paga con dinero público y no hay ofensa suficiente que indigne ni ponga fin al desmadre.

No obstante, esa doble moral entre el manejo de lo público y lo privado, aun siendo tan evidente, no nos escuece lo suficiente. No hay año ni gobierno en que la desfachatez y el abuso no se constate con suficientes evidencias como para haber cambiado hace tiempo. Vimos recientemente a la SAAS gastar una grosera cantidad de dinero en poporopos o hace unos meses comprar joyas, mentas, flores, pagar masajes y adquirir costosas lentes de marca para el presidente o su entorno. Más recientemente se reveló cómo otra institución —la Usac— gastó dinero público para regalar a los miembros del consejo superior universitario botones y anillos de oro sin que haya habido indignación suficiente ni renuncias necesarias. Finalmente, el caso del hijo del diputado Lau —un exsindicalista— refleja cómo un vehículo oficial puede usarse un sábado por la noche —a gusto del consumidor— por el retoño de quien lo tiene asignado y con una arma en su interior denunciada como robada unos días antes. ¿Qué pasó?, pues que la Policía tuvo que cambiar su parte original y donde “dice digo, dijo Diego” y “felices los cuatro”, porque para eso está el poder y la autoridad. Recuerde: ¡mando que no abusa, pierde prestigio!

Creo que la conclusión es clara, obvia y evidente, pero también colectivamente consentida. No advertimos o soslayamos, con esa particular y laxa moral nacional, que todos esos gastos —más los onerosos pactos colectivos— salen de nuestros bolsillos, de quienes trabajamos y pagamos impuestos directos —pocos, y quizá eso sea parte del problema— e indirectos, y que al final terminamos por aplaudir, sin “darnos cuenta”, al muchacho que nos saca el dinero de la cartera o se queda con el que dejamos en la mesita de noche.

No hay sociedad que cambie para bien cuando la ética de lo público se conduce de esa forma ni país que progrese cuando las “dignas autoridades” dispendian lo poco que hay. Muchos han olvidado el discurso de la ética y se han centrado en pedir un incremento del gasto público, sin advertir —o quizá sí— que eso para lo único que sirve es para multiplicar las oportunidades de perfeccionar el robo, que es realmente lo que ocurre.
¡En muy mal camino seguimos! y sin muchas esperanzas de cambio.