La actual agitación existente en muchos países del mundo, incluyendo Guatemala, respecto de la lucha contra la corrupción, ha sacado a la superficie viejas discusiones, algunas de miles de años, sobre la confrontación entre lo correcto y lo legal, cuya coincidencia es y ha sido muy poca. Las dos corrientes de pensamiento señalan: una, el apoyo irrestricto a la ley, una actividad humana no siempre firme, al estar sujeta a cambios por una multitud de razones. La otra: partir de la base de considerar más importante la corrección, no el texto legal. Al no haber forma de rechazar legalmente a la ley, el camino toma otra ruta: oponerse por motivaciones relacionadas con los principios internos de cada ser humano. En resumen, se apoya algo porque es legal, no porque es correcto.

Un gran amigo, abogado guatemalteco de primer orden y con fama internacional por la calidad de su trabajo jurídico, afirma: “en un estado de derecho no se debe ponderar (examinar con cuidado, elogiar, alabar) la moralidad versus la legalidad”. Entiendo el sentido de esa frase legal, pero desde el punto de vista filosófico intuyo un problema: considerar a la ley siempre y sin excepciones como el resultado de la creación de reglas escritas por personas correctas y sin ninguna mala intención. Es entonces cuando se puede aplicar otro aforismo legal “la ley es dura, pero es la ley”. Pero desde hace muchos siglos ha existido la ley con mala fe o con intenciones ocultas sólo descubiertas cuando se pueden descubrir los efectos de aplicarla en una forma casi irreflexiva.

En otras palabras, no importan los efectos de aplicar cualquier tipo de ley. Es aquí donde surge otro criterio filosófico tanto humanista como de la propia filosofía del Derecho, cuyo objetivo es hacer coincidir siquiera en algo los criterios de ambas ramas del saber humano. Obviamente, no sería aceptable perdonar o hacer a un lado los castigos legales a los crímenes y los delitos, porque al fin y al cabo la aplicación de la ley significa necesariamente el castigo o el perdón a quien ha cometido alguna acción en detrimento de una persona convertida en víctima individual, o de una comunidad. Los jueces, claro, tienen un papel asegurado en la sociedad y uno de sus principales objetivos es realizar su tarea en forma justa y pronta, porque ello ayuda a afianzar el Derecho en la comunidad.

La cercanía entre Derecho, moralidad e ilegalidad es difícil, pero no imposible. Tiene relación con el análisis de las consecuencias del acto de impartir justicia, pero además con el tiempo de aplicarlo, porque otra frase jurídica tradicional sentencia: justicia tardada, no es justicia. En este momento, el tema de la prisión preventiva ha salido a luz como consecuencia de casos notorios por quienes son los protagonistas. Ese es el caso del señor Max Quirin, pero no sólo de él, protagonista de una serie de acciones legales difíciles de comprender para los ciudadanos no versados en asuntos legales. Hay simplemente demasiadas personas, cientos o miles, abarrotando las mazmorras de las cárceles del país, donde reina cualquier cosa, menos la ley.

En un país como Guatemala, tan necesitado de cambios, a mi juicio, debe haber algunos de ellos en la forma como funciona el sistema jurídico. Los amparos se han vuelto una plaga y atrasan los casos como medidas utilizadas por defensores y acusadores. Por eso, aferrarse al espíritu muerto de la ley, debe ser una actitud analizada con serenidad. Obviamente, no pueden hacerse a un lado los merecidos castigos a jueces y magistrados de alguna manera relacionados con faltas. Incluso deberían ser duplicadas las sentencias, pero eso es otro tema. El rechazo al sistema judicial, el avenirse a la corrupción a causa de la forma como funciona en la práctica, es el resultado de la percepción popular, tal vez inconsciente, de la falta de estado de Derecho, moralidad y legalidad.