EDITORIAL
Falta estrategia integral antirrobo de camiones
Es inaceptable que cada semana se registren entre 10 y 15 robos de camiones.
Es inaceptable que cada semana se registren entre 10 y 15 robos de camiones de todos tamaños con cargamentos de mercadería y materias primas. Eso implica hasta dos atracos diarios en carreteras del país, sobre todo en la Interamericana, RN-14 y entre Escuintla y la capital. Tal alcance geográfico y capacidad operativa ilícita denota una mafia enorme o cierta cooperación entre bandas que resulta imposible tolerar. No se trata de un problema nuevo y ese coletazo de responsabilidades abarca a anteriores gobiernos. Sin embargo, esa excusa es y debe ser desechable para pasar al terreno de las soluciones, las acciones conjuntas y la captura de los involucrados.
La Cámara de Transporte de Carga afirma que ha presentado denuncias de esos sucesos a las autoridades de Gobernación, con quienes tienen una mesa de trabajo para combatir el flagelo. El presidente de esa gremial expresó la percepción de que el asedio de los asaltantes de camiones “rebasa” las capacidades de las fuerzas de seguridad. La connotación de tal término es un tácito desafío para la implementación de protocolos renovados de respuesta policial, pero también de generar nuevas integraciones de esfuerzos de prevención, captura y seguimiento de casos.
Mal harían las autoridades en divulgar las tácticas que implementarán, pues pondrían en alerta a los salteadores, pero la persistencia de los robos de cargamentos evidencia que las actuales medidas no están funcionando. Una vez más, el azote no es nuevo, pero no hay tiempo para endosos de responsabilidades. Además, para eso la PNC tiene cuadros medios y el Consejo Nacional de Seguridad debe tener datos acumulados que permitan establecer patrones. Previos gobiernos usaron esa instancia para aviesos fines, pero es tiempo de marcar diferencias de acción y resultados porque las pérdidas continúan.
Por otra parte, los afectados indican que algunos ladrones tienen equipos de bloqueo de señal GPS que imposibilitan el rastreo. Dos asuntos: la tenencia de esos dispositivos debería ser ilegal, pues figuran anunciados por internet, a la vez que las empresas prestadoras de los servicios de seguridad deberían contar con sistemas alternos de seguimiento. En todo caso, la sola interrupción de señal de un vehículo con seguimiento satelital debería encender alertas para trazar tiempos de desplazamiento y delimitar áreas de posibles escondrijos.
Al parecer, se trata de una estrategia atacar “al azar”, pero los hechos, tramos y hallazgos de mercancía robada deberían posibilitar ya un mapa inteligente que guíe patrullajes policiales y permita cierres emergentes de rutas al denunciarse un suceso. Existen prácticas obtusas como la instalación de puestos de “control aduanero” en la ruta al Atlántico y en la carretera al Pacífico: arcos de lámina con policías apostados, en los cuales el tránsito se reduce a un carril, lo que ocasiona verdaderos atascos, sobre todo en fines de semana, sin que existan mayores resultados reportados. Ese gasto de recursos y de personal debe reevaluarse, pues su carácter fijo es en sí un “aviso” a los contrabandistas o ladrones de mercancías.
Las propias empresas de transporte deben hacer revisiones internas sobre posibles fugas de información en cuanto a horarios de salida y rutas de camiones; lo mismo debe ocurrir, por ejemplo, en áreas donde se originan los cargamentos. A lo interno de la Policía es necesario ver registros de ubicación de patrullas y agentes al momento de los atracos, así como de la pérdida del rastro de los camiones robados. Un seguimiento tan constante no ocurre de la noche a la mañana, pero el combate frontal no puede esperar un día más.
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