Pluma invitada
La nueva presidenta de México tiene una tarea complicada: detener la violencia
Sheinbaum estará a cargo de una nación asolada por más de 30.000 asesinatos al año, el 90 por ciento de los cuales quedan impunes.
En un pueblo en la sierra de Guerrero, los habitantes huyeron de sus casas: unos drones sobrevolaban el lugar y lanzaban bombas improvisadas. Durante meses, los integrantes de los cárteles habían estado utilizando estos artefactos comerciales para lanzar explosivos atados en carcasas metálicas e incendiaban hogares, agujeraban las paredes y lanzaban esquirlas que perforaba la carne humana.
Sheinbaum necesita crear un programa de prevención eficaz dirigido a los jóvenes reclutados por los carteles.
En marzo viajé al estado, en el sur de México, y visité algunos de esos pueblos y conocí a personas que habían empacado sus pertenencias y huido del terror. Y aunque los ataques con drones son una novedad sombría, no son más que un ejemplo de la violencia que azota México cada día desde hace casi dos décadas de intensa guerra entre cárteles, un enfrentamiento que ha dejado cientos de miles de mexicanos desplazados, asesinados o desaparecidos.
Esta violencia es el reto más formidable al que Claudia Sheinbaum, a quien la nación acaba de elegir por un amplio margen para ser su primera mujer presidenta, tendrá que enfrentarse cuando asuma el poder en octubre. Y, sin embargo, no ha trazado una estrategia clara para gobernar un país tan violento, signado por fosas comunes en campos y vertederos de basura. Sheinbaum estará a cargo de una nación asolada por más de 30.000 asesinatos al año, el 90 por ciento de los cuales quedan impunes, y tendrá que enfrentarse a los poderosos cárteles que están detrás de esas cifras, que ahora son redes de delincuencia organizada paramilitar y están profundamente arraigados en las comunidades. En la actualidad, estos grupos no solo trafican con drogas como el fentanilo, sino que también dirigen un portafolio de delitos que van desde el tráfico de personas a la extorsión generalizada.
La campaña electoral fue una de las más violentas de la historia reciente de México. Decenas de candidatos fueron asesinados; un hombre armado disparó a un aspirante a la alcaldía mientras estrechaba la mano de sus partidarios en una cancha de básquet. Sheinbaum no puso este derramamiento de sangre en el centro de su campaña. La próxima presidenta del país, ingeniera energética de 61 años e integrante del partido gobernante, Morena, ganó las elecciones con la promesa de continuar los programas sociales del actual presidente, su mentor Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO. Presentó propuestas interesantes en materia de energías renovables y de lucha contra la escasez de agua.
Su falta de una visión pública sólida sobre la seguridad de México es preocupante, dado que sus tres predecesores fracasaron en este frente. Felipe Calderón asumió el poder en 2006 y encabezó una ofensiva militar contra los cárteles, pero la violencia solo se intensificó; su secretario de Seguridad Pública fue condenado más tarde en Nueva York por tráfico de cocaína. De 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto intentó cambiar la narrativa y hablar del potencial económico de México, pero la violencia también empeoró bajo su mandato. Durante su mandato, 43 estudiantes desaparecieron mientras estaban bajo custodia de policías vinculados a un cártel. Y AMLO ha sido objeto de burlas por su llamamiento a hacer frente a los cárteles mediante “abrazos, no balazos”, mientras presidía el periodo más violento de la historia reciente de México.
Dicho todo esto, Sheinbaum ha demostrado que puede adoptar un enfoque pragmático frente al crimen. Como jefa de gobierno de Ciudad de México de 2018 a 2023, inundó la ciudad con cámaras de seguridad y desplegó a la policía en ciertas áreas de alta criminalidad. Los asesinatos se redujeron aproximadamente a la mitad en la ciudad durante su mandato, de acuerdo con los datos oficiales. La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, dijo que Sheinbaum manipuló esas cifras para ocultar los homicidios, y existe un debate legítimo sobre el verdadero número de víctimas mortales de la violencia de los cárteles en todo México. Pero hoy, muchos habitantes de la capital se sienten notablemente más seguros, según una encuesta oficial.
Por supuesto, controlar los niveles de delincuencia en una sola ciudad no es lo mismo que enfrentarse a una crisis nacional generalizada que en algunos estados se asemeja a una guerra en toda regla. En estados como Zacatecas y Michoacán, escuadrones de pistoleros de los cárteles recorren las ciudades en convoyes exhibiendo sus Kalashnikovs, haciendo bloqueos en carreteras y utilizando artefactos explosivos y lanzagranadas. El país está salpicado de fosas clandestinas, que esconden víctimas que van desde agentes de los cárteles asesinados por sus rivales hasta personas inocentes que se cruzaron con las personas equivocadas. Probablemente, la mayor fosa común clandestina descubierta hasta ahora, hallada en 2016 en el estado suroriental de Veracruz, contenía casi 300 cráneos.
A la mayoría de la gente le encantaría poner fin a esta guerra, acabar con la impunidad con la que operan los cárteles y acabar con la corrupción endémica de las fuerzas de seguridad. Son problemas hercúleos que llevará años superar. Sheinbaum debería adoptar el mismo enfoque práctico que utilizó en Ciudad de México: perseguir objetivos concretos que puedan al menos reducir la violencia y convertir una crisis de seguridad nacional en un problema de seguridad pública más manejable.
Para ello, la nueva presidenta debería dar prioridad a la persecución de los actores más violentos, incluidos ciertos comandantes de cárteles y escuadrones de asesinos en las zonas más homicidas del país. Las fuerzas de seguridad mexicanas no pueden acabar con todos los cárteles a la vez, y los principales narcotraficantes son fácilmente sustituidos por otros ávidos de las enormes ganancias. Pero atacar sistemáticamente a los más letales podría reducir el número de víctimas y hacer que otros traficantes se muestren menos dispuestos a desatar asesinatos en masa.
Sheinbaum también necesita una campaña enérgica para luchar contra la extorsión desenfrenada que está asolando las vidas de muchos mexicanos trabajadores. Si lucha contra la extorsión, ganará el apoyo de empresas grandes y pequeñas, y ayudará a la economía.
Por último, Sheinbaum necesita crear un programa de prevención eficaz dirigido a los jóvenes reclutados por los cárteles. Como escribí en mi libro en 2021, un integrante veterano de la infame pandilla Barrio Azteca, que opera en Ciudad Juárez, me contó en 2017 cómo su banda buscaba jóvenes enojados y abandonados para que se unieran a la organización. “Aquellos que son maltratados por sus padres y tienen una mirada fría”, dijo, “sí que sirven para este jale”. Y añadió: “Son buenos malandros”.
Tanto Peña Nieto como AMLO hablaron de esta idea, pero no lograron diseñar ninguna política realmente eficaz. El programa de becas de AMLO para estudiantes de secundaria, cuyo objetivo es mantener a los adolescentes en la educación, es un buen comienzo, pero puede pasar por alto a los jóvenes que tienen más probabilidades de unirse a los cárteles. Un programa más constructivo tiene que centrarse más en los jóvenes con más problemas de las partes más violentas del país. México ya cuenta con trabajadores sociales capaces sobre el terreno que podrían realizar esta labor si dispusieran de los recursos necesarios.
Incluso un progreso gradual supondría un gran avance. Si el gobierno de Sheinbaum puede reducir el número de asesinatos aunque solo sea en un tercio, la gente empezará a sentirse más segura. Si hay menos homicidios, los investigadores estarán menos inundados de casos y se podrán resolver más. Si más gente denuncia la extorsión, otros pueden animarse a hacerlo.
Por otro lado, a juzgar por la violencia en México durante las dos últimas décadas, las cosas podrían empeorar fácilmente. Y si los presidentes que proponen cambios siguen fracasando en su lucha contra la delincuencia, podría aparecer un contendiente más radical que prometiera seguridad a un costo muy elevado, incluida una total erosión de los derechos humanos.
c.2024 The New York Times Company
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