Justicia
¿Quién busca retener el control de la CSJ? Esto dicen las expertas
A la fecha, dos amparos con "posibles tintes políticos" buscan frenar la renovación de las cortes.
La nueva CSJ fue juramentada la noche del 15 de noviembre ante el Pleno del Congreso. Fotografía: Congreso de la República.
La renovación de las cortes en Guatemala enfrenta desafíos. Organizaciones fiscalizadoras aseguran que las acciones legales que buscan postergar la elección judicial provienen de grupos que dominan el sector justicia.
Hasta ahora se conocen dos acciones de amparo que fueron presentadas en la Corte de Constitucionalidad (CC). Ambas exponen que los magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como de cortes de Apelación, no deben ser renovados el próximo 13 de octubre.
El Congreso convocó a las comisiones de postulación el pasado 24 de abril y desde entonces los órganos que integran esas instancias han comenzado el proceso para buscar a sus comisionados.
Las acciones
El primer amparo ingresó el 11 de mayo, a nombre del abogado Melkin Amílcar Escobar Palma, quien presentó la acción legal a título personal, pero en las elecciones generales del 2023 representó a Vamos como uno de sus fiscales departamentales.
El segundo amparo ingresó el 16 de mayo. Este fue interpuesto por Saúl Israel Ramos Zarate, de quien no se conocen mayores antecedentes.
El primer amparo cuestiona la notificación enviada por el Consejo de la Carrera Judicial, en la cual advierte de que el período de las cortes estaba a seis meses de concluir.
El segundo, en tanto, cuestiona el acuerdo del Congreso que llamó a la integración de las dos comisiones de postulación —para CSJ y cortes de Apelación—.
Fuerza política
Aunque las acciones de amparo provienen de abogados con bajo perfil mediático, es posible rastrear su procedencia, opina Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia.
La experta en elecciones en el sector justicia considera que los amparos buscan proteger esa “alianza política” que dominó a Guatemala desde el 2017.
“La alianza política dominante anterior todavía tiene cuotas en la CSJ, salas de Apelaciones, algunos juzgados, en alguna medida en la CC y por supuesto que controlan el Ministerio Público (MP). Pero ellos necesitan recuperar el control”, dijo.
Los esfuerzos, a criterio de Ibarra, se han intensificado desde la toma de posesión del actual gobierno, ya que estos grupos que habían dominado el Estado “perdieron el control en el Ejecutivo y en el Congreso”.
Ahora, según su análisis, buscan mantener los espacios que todavía dominan en el sector justicia. Aunque los argumentos de los amparos, agregó, no son sólidos.
“Le tratan de dar vueltas a la prórroga irracional de la anterior CSJ y ahora quieren hacer interpretaciones exóticas para mantener a los actuales magistrados, que, recordemos, fueron electos por esta alianza dominante en noviembre del año pasado”, resaltó Ibarra.
Buscan protección
Retener estos espacios de poder les garantiza protección a ciertos grupos dominantes, opina Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, organización que también vigila la renovación de las cortes.
“No nos sorprende que ya se hayan presentado algunos amparos porque los procesos en Guatemala han ido siendo cada vez más materia de judicialización. Es la forma que han encontrado algunos de hacer que los acontecimientos tomen ciertos giros, o que sean retrasados”, indicó.
La experta añadió que el beneficio inmediato ante un retraso en las cortes podría ser sinónimo de resguardo, ya que puede haber actores con procesos judiciales que prefieren que no se activen.
“Son quienes se sienten protegidos por alguna autoridad o temen que haya procesos justos y honestos en el sistema. Más que un beneficio, lo que vemos desde Guatemala Visible es que se trata de un gran daño al sistema, irrespetando los plazos constitucionales”, agregó.
En noviembre último, una resolución de la CC le ordenó al Congreso elegir magistrados para completar el período 2019-2024, lo cual contradice el argumento de los amparos de que los electos deben permanecer en el cargo durante cinco años.
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