Al grano
El estado de Derecho en Guatemala
Se ha publicado el índice de “Rule of Law” del World Justice Project y, realmente, nada ha cambiado.
Desde el año 2015 al 2023, el puntaje de Guatemala ha estado entre 0.44 y 0.46 en el Índice de Estado de Derecho del “World Justice Project”. Eso sitúa a Guatemala en el puesto ciento once de ciento cuarenta y dos países. Países como Níger, Sierra Leona, El Salvador o Líbano han recibido mejores puntajes. En lo que concierne a la justicia penal, el puesto es todavía peor: ciento veinticuatro de ciento cuarenta y dos y en la justicia civil sólo seis países en el mundo, de los examinados, tienen una puntuación peor.
Se ha publicado el índice de “Rule of Law” del World Justice Project y, realmente, nada ha cambiado.
Encuentro que todavía más grave que esos puntajes tan lamentables es el hecho de que se repitan año tras año. ¿Qué significa eso? Creo que la respuesta no es fácil. Desde que la Minugua estuvo aquí hace cerca de tres décadas se han realizado varios estudios. Unos se han enfocado más en temas financieros, operativos y de las reglas procesales, otros, en la disfuncionalidad del proceso político subyacente y muy pocos en las reglas constitucionales de base y las dinámicas que han generado.
En mi opinión, el problema de raíz está en esto último, como síntoma, pero las causas son otras. En efecto, hay tres grupos de interés que convergen en la formación de la “tormenta perfecta”. Por un lado, ciertos líderes políticos que fueron descubriendo, a lo largo de casi cuatro décadas, que el poder de manipulación de la justicia tiene innumerables ramificaciones y ventajas para los manipuladores. Por otro lado, ni las élites intelectuales, morales ni las económicas han descubierto la conexión tan directa entre el imperio del derecho, administrado por jueces y magistrados independientes, y la prosperidad económica, la vigencia de los derechos fundamentales y de las libertades cívicas y políticas. Por último, el crimen organizado en todas sus manifestaciones y las redes de corrupción estatal han puesto el lubricante del sistema, es decir, los millones y millones con que se mercadea la justicia.
Es evidente que, de los tres grupos, solo las élites intelectuales, morales y económicas del país, impulsan una reforma constitucional e institucional para instaurar una justicia independiente e imparcial. Esos líderes que han manipulado la justicia más bien lucran con ello y del crimen organizado y las redes de corrupción, pues, nada hay que decir.
Siendo tan abundante y pública la evidencia de la situación tan grave que se extiende ya por demasiado tiempo, no debiera ser difícil para las élites organizar un movimiento cívico para promover la reforma necesaria y exigir de los políticos su aprobación intacta. Ese movimiento cívico contaría, sin duda alguna, con el respaldo de la prensa —una de las principales víctimas de la ausencia de Estado de derecho— y de la ciudadanía en general, víctima también de la situación imperante.
Para estructurar un movimiento cívico no hay “formalidades”. Se requiere, eso sí, de que alguien con poder de convocatoria tome la iniciativa y, una vez instaurado su liderazgo, que se convoque a expertos reconocidos públicamente para preparar un anteproyecto de reforma que refleje los principios, estándares y buenas prácticas de sobra conocidas. Pudiera ser que valga la participación de la comunidad internacional como testigo de la transparencia del proceso y para aportar experiencias y respaldo.
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