Punto de encuentro
¿Porras Argueta por encima de la ley?
La cooptación es poner a las instituciones al servicio de intereses criminales o parciales para asegurar impunidad.
El Ministerio Público (MP) convocó a una “conferencia de prensa” para responder a la propuesta del presidente Bernardo Arévalo de modificar la ley orgánica de la institución para habilitar la destitución, por causa justificada, de María Consuelo Porras Argueta.
Utilizar el poder punitivo del Estado como herramienta de castigo y venganza es constitutivo de delito.
La actividad fue más un mitin político —con discursos encendidos y vítores incluidos— que una rueda de prensa para fijar la posición institucional. Porras arremetió contra Karin Herrera y Bernardo Arévalo, llamándoles mentirosos, incapaces y antidemocráticos (parece chiste, pero es anécdota). Con la voz alzada y por momentos perdiendo la compostura, la funcionaria acusó a la dupla presidencial de querer destituirla para que deje de investigar al partido Semilla.
Siguiendo con su acostumbrada narrativa ‘anti-prensa-independiente’ porque la otra -la que la adula y no la fiscaliza- le parece bien, acusó a varios medios y periodistas de engañar con sus informaciones e, incluso, amenazó a tres colegas que “osaron” plantearle preguntas (que a ella y a su secretario general no les gustaron) a presentar las pruebas ante la Fiscalía para no incurrir en comisión de delito. Lo cual solo vino a confirmar el empeño del MP de perseguir por la vía penal a periodistas que investiguen, informen, publiquen y opinen sobre la fabricación de casos, la connivencia con jueces venales y la tentativa de golpe de Estado por la vía de la anulación de las elecciones que, dicho sea de paso, sigue estando entre sus pendientes.
Arévalo escogió la modificación de la ley a través del Congreso como el camino para destituir a una funcionaria que no solamente no ha cumplido con sus obligaciones al frente del MP (las estadísticas de desestimación de casos hablan por sí solas) sino que lo ha convertido en una herramienta para garantizar la impunidad de personas que cometieron delitos de gran corrupción y gravísimas violaciones a los derechos humanos. Los mecanismos que utiliza para lograrlo: archivo de expedientes, órdenes superiores para dejar de investigar; desarticulación y medidas disciplinarias contra los equipos de fiscales e investigadores de áreas clave, solicitudes de sobreseimiento de casos, inacción ante resoluciones judiciales que benefician a los sindicados (la mayoría, seguramente, a “compadre hablado”), etc.
Y, en contra cara, persecución penal indebida contra operadores de justicia independientes que llevaron adelante estos procesos; activistas sociales, defensores de derechos humanos, manifestantes, líderes comunitarios y de pueblos indígenas, periodistas y opositores políticos que están en prisión o en el exilio. Utilizar el poder punitivo del Estado como herramienta de hostigamiento, castigo y venganza es constitutivo de delito como también lo es desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, como intentó hacer el MP. Que 43 países (todo un récord) hayan declarado a Porras y a su primer círculo como actores corruptos y antidemocráticos no es antojadizo.
Se puede estar en desacuerdo con la lectura política, la ruta legal y la temporalidad elegida por el presidente y sus asesores para destituir a Porras Argueta (al final, como dicen, 3 abogados – 6 bibliotecas) pero no con la legitimidad de esa decisión, con los motivos y causales que la sustentan y con el talante democrático y respetuoso de la legalidad que caracteriza a Bernardo Arévalo aún y cuando navega en el mar de la justicia cooptada y capturada.
“La cooptación es poner a las instituciones del Estado al servicio de intereses criminales o parciales para asegurar impunidad permanente”, sostiene Eduardo Salcedo, investigador sobre redes criminales y de corrupción. Ni más ni menos en eso ha convertido Porras Argueta al MP y eso es motivo suficiente para destituirla. ¿O es que acaso ella está por encima de la ley?
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