Editorial
Otro sismo recuerda otra ley que no existe
Pareciera que “da igual” este descontrol hasta que llegan esos momentos de un fuerte temblor o un temporal.
El sismo madrugador de ayer, domingo 12 de mayo, despertó a muchos guatemaltecos poco antes de lo usual en el día de descanso. Quienes recuerdan los dichos de los abuelos quizá dijeron que era un “temblor de agua”, en alusión a la transición de temporada seca a lluviosa, pero eso no reduce el susto para algunos y para los mayores de 50 años evoca inevitablemente el devastador terremoto del 4 de febrero de 1976, aunque después de este se han sucedido también otros desastres telúricos focalizados. Muchas visitas llegaron desde Estados Unidos al sitio digital de Prensa Libre para verificar la magnitud y posibles daños. Fue fuerte: 6.7 grados en la escala de Richter, causó derrumbes de algunos taludes viales del occidente y rajaduras en viviendas vetustas.
En todo caso, el remezón también trae a la memoria la añeja discusión acerca de la necesidad de una legislación funcional para asegurar la calidad sismorresistente de toda edificación. Actualmente los protocolos solo establecen requisitos obligatorios para infraestructura pública y aun así se admiten ciertas chambonadas, sobre todo en edificios escolares, por falta o amaño de supervisión, por priorizar “precio” y no calidad. Y es que la seguridad constructiva no solo abarca el factor sísmico, sino también el climático, sobre todo en regiones propensas a inundaciones, deslaves, ventiscas y temperaturas extremas.
En 2020, la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural (Agies), efectuó la más reciente actualización de su manual de normas para asegurar la resistencia de construcciones. Su contenido está dirigido a profesionales, debido a que contiene terminología y fórmulas matemáticas que requieren de una aplicación certera. Ello no reduce su importancia ni su valor vital, pero hasta la fecha aún no son de aplicación obligatoria.
La Agies es una entidad académica guatemalteca, privada, no lucrativa, gremial formativa, científica y cultural que impulsa la investigación y divulgación científica y tecnológica respecto de estructuras, sismología y materiales; también impulsa la mejora docente y profesional como un aporte que literalmente puede llegar a representar la diferencia entre miles de vidas perdidas o salvadas a la hora de un evento sísmico fuerte.
Pero también existen otras partes de la infraestructura para viviendas, oficinas y comercio que requieren de estándares mínimos de confiabilidad: tuberías para agua, gas o drenajes, instalaciones eléctricas e incluso los recubrimientos de muros. En EE. UU. o Europa existen reglamentaciones a cumplir, pero en Guatemala no existe aún un corpus mínimo de estándares. En parte, ello se debe a la indolencia de los diputados, a los descontroles burocráticos, a conflictos de interés e incluso al costo económico que representa dicho cumplimiento. Muchas empresas desarrolladoras cumplen con recomendaciones internacionales, pero otras no lo hacen, por falta de una ley específica.
Esto, a la vez, tiene conexión con planes de ordenamiento territorial municipal tardíos, desfasados, incumplidos o simplemente inexistentes, gracias a lo cual proliferan construcciones en áreas de alto riesgo o de varios pisos, sin una estructura sismorresistente. Incluso podría parecer que “da igual” este descontrol hasta que llegan esos momentos de un fuerte temblor o un temporal. Incluso en colonias bajo condominio, en las que hay reglamentos internos, existen propietarios irresponsables que superponen terceros y cuartos pisos en zonas diseñadas para dos, con el consiguiente riesgo propio y para terceros: otro claro ejemplo de los abusos cometidos cuando no existe una normativa aplicable en la materia.
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