Al grano
Pactos secretos. Nunca es tarde para corregir el rumbo
¿Cómo pasó Guatemala a pactos colectivos leoninos y secretos?
El Estado tiene ciertos fines. Entre ellos, garantizar la libertad y la justicia a todos sus habitantes y la realización del bien común. Para cumplir con sus fines tiene tres funciones principales, a saber: la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Cada una corresponde a uno de los poderes del Estado. La función ejecutiva corresponde al Organismo Ejecutivo y este se integra de varias administraciones públicas. Estas últimas se componen de funcionarios y empleados públicos, si bien, realmente, todos ejercen funciones públicas.
Los funcionarios y empleados públicos, al ejercer sus funciones legales, deben procurar la consecución de los fines el Estado.
Por consiguiente, los funcionarios y empleados públicos, al ejercer sus funciones legales, deben procurar la consecución de los fines el Estado. Los servicios que con ocasión del ejercicio de sus funciones públicas prestan conforman la noción de “servicio civil”. El servicio civil es un sistema que rige la prestación de dichos servicios y su finalidad principal es regular la “carrera del funcionario público”. Esto consiste en determinar las condiciones de acceso a esa carrera y, ya dentro, las de los ascensos, promociones, disciplina, dimisiones, remociones y, llegado el momento, jubilación.
Todo eso debe regularse de manera que a la carrera del servicio civil se atraiga a técnicos, profesionales y especialistas que se requiera para realizar los fines del Estado. A ninguna persona, organización o sector de la vida nacional conviene lo contrario porque, cuando el Estado no realiza sus funciones adecuadamente, todos pierden.
¿Cómo pasó Guatemala de lo descrito arriba a pactos colectivos leoninos y secretos? Pues, muy sencillo. Unos líderes políticos nada tontos y unos líderes sindicales nada lentos descubrieron un nuevo negocio: dame prebendas y privilegios y yo te doy votos y respaldo político. Así de fácil.
La ocasión se presentó cuando, durante los años 80, cayendo en la tentación de gastar más de lo que se recauda, la Junta Monetaria, controlada por el Gobierno, puso a zumbar la maquinita de hacer quetzales con el resultado, entre otros, de que las devaluaciones y la inflación (raras en la conservadora Guatemala) hicieran agua los ingresos de los administradores públicos. Como era de esperarse, estos salieron a las calles, convocaron a huelgas y protestas y, con ese afán tan propio de todo buen político de esconder la realidad, en lugar de indizar la economía y detener la frenética emisión monetaria, recurrieron a negociar a la sombra de la clandestinidad los más inverosímiles pactos colectivos.
¿Qué dice la Constitución? Pues, palabras más o menos, lo descrito al principio, añadiendo que los “trabajadores” del Estado tienen derecho a la huelga, sujeto a ciertas condiciones, claro está. Como decía arriba, “trabajadores” no son. Son funcionarios y ejercen, todos, funciones publicas. Pero, quitando eso, una cosa es tener derecho (limitado) a la huelga y otra muy diferente es salirse del régimen constitucional del servicio civil y pasarse a “pactos secretos” negociados a espaldas de los fines del Estado.
Pero nunca es tarde para corregir el rumbo. Por supuesto, el presidente Arévalo necesitaría de un decidido apoyo de todos los sectores de la vida nacional, pues, para enmendar este entuerto hay que pelearse, ya no con la cocinera, sino con la oposición, los oportunistas de siempre, los líderes sindicales y decenas de miles de parásitos que medran de los pactos colectivos leoninos. Pero los millones de niños mal formados en escuelas disfuncionales, los millones de enfermos mal atendidos en hospitales caóticos, los millones de ciudadanos cansados de sufragar esta gigantesca farsa son más.
Quizás sea un buen momento para una consulta popular, planteando la cuestión simple y sencilla de si los ciudadanos respaldan la vuelta al régimen constitucionalmente regulado del servicio civil, revisándolo y poniéndolo al día para garantizar que las administraciones públicas del Estado se conformen por técnicos, profesionales y especialistas del nivel necesario para su desarrollo integral.
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