El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este miércoles que insistirá en la remoción de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, con una reforma de ley en el Congreso que habilite su posterior salida del cargo.
Arévalo de León expuso en una rueda de prensa que sigue en firme en sus intenciones por remover a la fiscal general, pese a que el martes, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, le indicó al Gobierno que se “abstenga” de “todo acto” que “atente contra el mandato” de Porras Argueta.
El dictamen de la Corte obedeció a un recurso impuesto el domingo por la Fiscalía ante el máximo tribunal guatemalteco, horas antes de que Arévalo de León expusiera en cadena nacional sus intenciones por remover a Porras Argueta del puesto que ocupa desde 2018.
Sin embargo, de acuerdo a la interpretación del presidente este miércoles, lo “más importante de esta decisión de la Corte de Constitucionalidad” es que “reafirma” la “ruta que hemos iniciado” para “poder seguir adelante en este proceso” concerniente a la reforma de la ley del Ministerio Público en el Congreso.
“Así que nosotros seguiremos adelante”, puntualizó el gobernante tras una visita al departamento de Baja Verapaz, en el norte del territorio guatemalteco.
Arévalo de León había anunciado el pasado domingo una reforma de ley que habilita la remoción de quien ocupe el puesto de fiscal general, ya que la normativa vigente solamente permite su salida mediante una condena en un proceso legal.
Para validar la reforma planteada por Arévalo de León, son necesarios al menos 107 votos de los 160 escaños del Congreso, como establece la ley guatemalteca.
El partido oficial, Movimiento Semilla, cuenta con 23 escaños en el Parlamento y todo apunta, según la sesión plenaria del martes, a que por el momento no cuentan con la cantidad necesaria de votos para la reforma.
Durante su intervención el pasado domingo, el mandatario recordó que la fiscal Porras, quien debe dejar el puesto de manera oficial en 2026, ha omitido docenas de investigaciones por corrupción vinculadas a personajes políticos, mientras ha encarcelado y acorralado a quienes exhiben la corrupción.
“El Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo“, argumentó el mandatario en ese momento.
Porras Argueta y la cúpula del Ministerio Público están sancionados por Estados Unidos desde 2021 bajo señalamientos de “socavar” la Justicia en Guatemala.
A la fiscal general se le atribuye, de acuerdo a varias fuentes, los intentos por evitar la investidura de Arévalo de León en enero pasado y también la persecución judicial en los últimos años a más de cien personas entre fiscales, jueces y periodistas, incluido el comunicador José Rubén Zamora Marroquín, preso desde 2022.
