EDITORIAL
La educación bien vale romper un secreto
Ya es tiempo de que los maestros renueven y modernicen su dirigencia.
Como si no hubiese estado actuando en representación del pueblo de Guatemala, delegada en virtud de su cargo, la hoy exministra de Educación Claudia Ruiz se plegó en el 2021 al secretismo demandado por la dirigencia magisterial encabezada por Joviel Acevedo durante la negociación del pacto colectivo. Lo firmó a escondidas de quienes pagan sus salarios, es decir, la ciudadanía. Invocando legalismos y endilgando la responsabilidad al departamento jurídico, decía: “Se hicieron las consultas… y nos dio las indicaciones de que se tenía que trabajar bajo ese resguardo”.
¿Y quién resguardaba los intereses del ciudadano? ¿Y dónde estaba en aquel momento la Procuraduría General de la Nación como representante del Estado? Cabe preguntar eso ante las concesiones hechas, sobre todo en cuanto a incrementos salariales sin una exigente y consecuente evaluación de calidad del desempeño de los beneficiarios, sobre todo ante los acuciantes desafíos de la competitividad regional y global. En efecto, la labor del docente es más que un trabajo: es un apostolado que merece ser reconocido y dignificado como uno de los grandes bastiones del desarrollo nacional.
Lamentablemente, hay peroratas clientelares que suplantan el diálogo serio, ético y digno. Y son falacias las que se esgrimen a la hora de intentar justificar confidencialidades inviables. Tal secretismo malsano tiene una analogía reciente y lesiva: la confidencialidad exigida por el proveedor de vacunas rusas, que fue otorgada de manera obediente por un gobierno que en otros casos proclamaba “soberanía”. En la nueva negociación de pacto colectivo, la dirigencia magisterial volvió a demandar confidencialidad, pero esta vez el Ministerio de Educación está pidiendo que demandas y concesiones sean públicas.
El artículo 30 constitucional señala: “Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar”. Se exceptúan secretos militares, diplomáticos y “datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”. Pero los dirigentes magisteriales no son “particulares”, porque actúan en representación de un sector y no de sí mismos, porque lo que negocian tiene implicaciones para el erario y también para la población, especialmente la niñez y juventud.
El Ministerio de Educación debe sostener su postura de no negociar a escondidas. Queda claro que esto podría convertirse en un frente de conflictividad para el gobierno de Bernardo Arévalo, dado el carácter hepático y prepotente del señor Acevedo; no obstante, ahí mismo se encuentra la piedra de toque. Una negociación implica que ambas partes cedan algo, que el diálogo transcurra sin presiones y que se conozcan los términos del arreglo, debido a que se trata de una decisión de Estado con serias implicaciones para el desarrollo humano, económico y social.
Sería la primera vez en lustros y décadas que tal discusión no pasaría entre salones arcanos y subrepticios pactos de favores. Ya es tiempo de que los maestros renueven y modernicen su dirigencia. Cabe recordar que en el 2007 inició un proceso de despido del sindicalista Joviel Acevedo, por no ir a trabajar a la escuela en que estaba asignado. Alambiques legales prolongaron el proceso hasta el 2008, cuando un juzgado avaló la destitución, pero fue bloqueada por la Junta de Servicio Civil, ya en el período de Álvaro Colom. No se sabe por qué, pero ya demasiados secretos ha pagado la educación del país.
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