Editorial
Un proceso de juristas, no de güizaches
Nunca faltan manzanas podridas, pero estas deben evidenciarse por sí solas
Ya se conocen, por pretéritas exhibiciones de conductas y maniobras vergonzosas, las identidades y ámbitos de oscuros personajes dedicados al tráfico de influencias, el amaño de procesos y la búsqueda de sucios atajos de impunidad.
Algunos incluso han recibido recientes beneficios procesales, gracias a decisiones de fiscalías, jueces y magistraturas, lo cual expone de cuerpo completo los despropósitos que procuran. Pero están escritos para la historia sus conexiones, sus corrillos, sus predilecciones y sus amasijos de apariencias para intentar disimular los hilos con los cuales buscan, sin descanso, convertir la independencia judicial en una marioneta.
Por ello, deben primar los valores de la dignidad, la integridad y la idoneidad como criterios rectores ante la inminente convocatoria a postuladoras para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones para el período 2024-2029 que se abrirá el próximo 13 de octubre. Esa es la fecha crítica que marca un lapso por respetar. Se debe atajar cualquier demora, porque ello condujo al atraso de la designación de los actuales magistrados, que solo fungirán por 11 meses, frente a la CSJ electa por el contubernio de los nefastos partidos Líder y Patriota, que se prolongó por nueve años.
La tardanza se originó por una pesquisa del Ministerio Público, basada en indicios creíbles de manipuleo e intromisión, lo cual dio paso al caso denominado Comisiones paralelas, que involucró a exrectores de la Usac y a operadores políticos, y que finalizó en varias absoluciones. No obstante, el período de los anteriores magistrados se prolongó a conveniencia del pasado oficialismo legislativo. De ahí la importancia de convocar a un proceso de postulación público, transparente y apolítico.
El componente político —y también el politiquero— llegará cuando el Congreso de la República reciba la nómina, pero ya la ciudadanía se encargará de auditar a sus representantes. Las comisiones postuladoras surgen para dar prioridad a criterios de excelencia profesional, aptitudes y rigurosa evaluación de méritos. Ese es el espíritu legal para el cual fueron conferidas y si bien han existido aprovechamientos, como la creación de ciertas facultades de Derecho de garaje, para tener acceso a voz y voto, la sociedad misma estará más atenta que nunca a sus sesiones, así como a los movimientos, citas y nexos de sus integrantes.
Respecto de la participación del Colegio de Abogados, a través de planillas electas, es necesario llamar a un cambio de conducta para no convertir un proceso serio en una francachela clientelar de cerdos asados, edecanes y despilfarros en propaganda. El ente gremial está llamado a rescatar la decencia, el respeto a la dignidad de la mujer y, sobre todo, a poner en primer lugar a la institucionalidad del estado de Derecho dentro de la cual se desempeñan. Nunca faltan manzanas podridas, pero estas deben evidenciarse por sí solas, a causa de sus malas prácticas y pactos aviesos. Los profesionales íntegros no tienen cabida ni necesidad de prebendas vacuas.
Tal como se demostró durante el asedio contra la democracia en el 2023, conjurado por la propia ciudadanía, son previsibles las intentonas por copar magistraturas, pero ello será más complicado si existe una población activa y atenta. Al fin y al cabo, los procesos judiciales, ya sea por delitos contra el erario, por litigios entre particulares, por conflictos de familia o por disputas mercantiles o laborales, siempre involucran a ciudadanos que necesitan confiar en fallos imparciales y apegados a Derecho. Para eso se busca a los mejores juristas, no a güizaches.
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