Nota bene
¿Obligados a pensar o hablar?
Sobre el lenguaje forzado.
La creadora del entrañable personaje Harry Potter, J.K. Rowling, acaparó titulares porque retó a las autoridades de Escocia a arrestarla. En redes escribió opiniones contrarias a la ideología de género y críticas a la nueva Ley de Crímenes de Odio, según la cual una persona puede ser castigada por decir algo que pudiera instigar el odio, incluso si no pretende ofender. La ley dota de poder discrecional a las autoridades escocesas para juzgar qué constituye odio, y quiénes son los ofendidos. “La libertad de expresión y de creencia se terminaron en Escocia si la descripción biológica del sexo es considerada criminal”, subraya Rowling.
Irónicamente, Rowling reside en el país-cuna de la ilustración escocesa que regaló al mundo elocuentes defensas filosóficas de la libertad, incluyendo la libertad de intercambiar incluso las más radicales ideas de forma civilizada y dialogante.
El escándalo protagonizado por Rowling se suma a la lista de conflictos asociados con el movimiento woke. La corrección política trajo consigo la autocensura, pero ahora, en muchos lugares de trabajo, se fuerza a los empleados a adoptar posturas contrarias a sus creencias. George R. LaNoue, profesor de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland, describe el uso de la agenda de la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI) en los procesos de contratación.
Hoy se suele requerir a potenciales empleados escribir un párrafo sobre lo que han hecho o piensan hacer para cumplir con DEI. Dado que los términos son vagos, este trámite es como una trampa. ¿Qué es lenguaje con propósito? ¿Se viola el código de inclusión si un ambientalista critica a un creacionista, o si un ateo discrimina a un cristiano o judío? ¿Es racista la expresión “candidato DEI”? ¿Puede oprimir un oprimido? La situación es tan compleja que existen guías para navegar este peligroso requisito; algunas guías recomiendan a los blancos admitir su culpa por pertenecer a la raza opresora, y los insta a prometer que volcarán su atención en los grupos supuestamente marginados. Jamás un aspirante puede lamentarse por la politización del ambiente laboral.
Se imponen agendas políticas
La Fundación Heritage hizo una encuesta en 65 universidades grandes de EE. UU. y calculó que el promedio de funcionarios dedicados a DEI en cada universidad es de 45.1. Heritage señala que tales puestos esencialmente subsidian el activismo político. Quizás la politización progresista infectó primero a las universidades, pero muchas corporaciones privadas y países (Escocia, Australia, Francia) hicieron coro. Ojalá ahora sigan el ejemplo de las universidades que están dando marcha atrás, como la de Carolina del Norte (UNC). La junta de gobernadores de UNC prohibió el lenguaje forzado y los pronunciamientos de diversidad porque riñen con la libertad intelectual. Lo mismo ocurre en las universidades estatales de Texas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, considera que los enunciados de diversidad son ilegales y que debe privar la meritocracia.
LaNoue recuerda que, en 1967, la Universidad de Chicago encargó a un grupo de catedráticos redactar un párrafo sobre el rol político y social de la universidad. El llamado Informe Kalven declaró que las universidades deben permanecer neutrales frente a cuestiones políticas y sociales, puesto que su obligación es descubrir, mejorar y diseminar el conocimiento, desde un clima de libertad académica.
Espero que en América Latina no lleguemos a necesitar de valientes defensores de la libertad dispuestos a sacrificarse, como Rowling. No copiemos lo represivo y divisivo; valoremos la libertad de expresión y la excelencia académica.
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