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Cómo ingresaba el Barrio 18 a menores en prisión y las violentaba sexualmente
Desde hace más de 10 años se han denunciado casos, pero es en 2024 que se desarticula una red de más de 24 personas que cometen estos crímenes en el preventivo de la zona 18.
Adolescentes en Peligro es el nombre del operativo que dirigió el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 20 de marzo. La Fiscalía contra la Trata de Personas, por medio de la Unidad contra Estructuras Criminales y Casos Especiales, llevó a cabo 32 diligencias que dejaron 24 detenidos preventivamente.
Se trata de 24 personas detenidas, de ellas nueve trabajadores de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP); siete personas civiles y ocho privados de libertad, vinculados con la pandilla del Barrio 18, notificados.
Adolescentes el Peligro es un caso de explotación sexual dentro del preventivo de la zona 18, en el sector 11, donde están recluidos miembros del Barrio 18.
De acuerdo con el MP y la PNC, una decena de niñas, niños y adolescentes, fueron explotados y agredidos sexualmente por privados de libertad. Incluso, según las pesquisas, una de las víctimas fue violentada sexualmente por 10 pandilleros en un solo día.
Relación peligrosa
En este caso investigado por el MP desde hace tres años, y que sigue en proceso, empezó con una amistad y romance entre pandilleros y adolescentes. Tres menores de edad, entre los 12 y 17 años, ilusionadas; fueron invitadas para ir a divertirse, sin embargo, el destino final fue el preventivo de la zona 18.
Una de las víctimas contó su historia al MP y reveló cómo opera la estructura para permitirle ingresar en esa prisión, incluso, pernoctar hasta por dos o tres noches.
La declaración la ofreció en el 2022. Fue obligada, junto con otras niñas, a tener relaciones sexuales con los miembros del Barrio 18 en el sector 11 tras haber sido reclutada en una colonia de la Ciudad de Guatemala.
"Las víctimas nos explicaron la forma en que fueron captadas por medio del Barrio 18. La forma en cómo las reclutaron y los vejámenes que sufrieron posteriormente", explica Alexander Colop, fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas del MP.
Las niñas violentadas contaron a los investigadores que su ingreso al preventivo para varones de la zona 18 fue forzado y mediante engaños.
"Fuimos obligadas a tener relaciones sexuales con pandilleros y luego nos amenazaban con matarnos si denunciábamos", revela los testimonios.
¿Cómo operan?
Las investigaciones preliminares revelan que en las zonas donde tiene presencia el Barrio 18 tienen contactos con mujeres, madres de niñas o adolescentes que han tenido vínculos con pandilleros, que se encargan de captar a otras. Incluso en redes sociales.
La unidad especializada del MP en estos casos documentó el ingreso de niñas y adolescentes, entre los 12 y 16 años, a cárceles, en las cuales fueron abusadas sexualmente y reclutadas con el fin de integrarlas a la pandilla del Barrio 18 y sus diferentes clicas.
En la investigación se identificó la manera de operar de la estructura criminal para captar a las niñas y adolescentes y obligarlas a integrar las diferentes clicas.
Las captaban en redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, redes humanas (familiares), institutos o centros de estudios, entre otros, los cuales son el primer contacto entre las niñas y adolescentes con los miembros de las pandillas.
Luego las trasladaban en vehículos de colaboradores (taxis, mototaxis y buses urbanos), los cuales eran costeados por los miembros de las pandillas o bien con dinero de las niñas y adolescentes que tengan en su poder o logren extraer de sus padres.
En esa relación de confianza, las menores admiten hacer presuntas visitas a centros comerciales o lugares de diversión, pero ya en el vehículo donde las trasladan, cambian los planes y se dirigen hacia el preventivo de la zona 18.
En los automotores, que suelen ser taxis piratas, va la hija biológica de la mujer que recluta, pero a pocos metros del recorrido, ésta desciende y solo se va la niña o adolescente que han invitado a acompañarlos. Es allí conde comienza el calvario.
Las mujeres, vinculadas con la pandillas del Barrio 18, usan las certificaciones de nacimiento de sus hijas para ingresar en el centro carcelario a las niñas o adolescentes para entregarlas a los pandilleros, quienes abusan sexualmente de ellas.
Todo esto, ante la permisividad de los guardias de presidios, que, se supone, reciben un soborno para que se puedan dar este tipo de violencia sexual.
"Creemos que al momento que una niña o adolescente ingresa en un centro carcelario, debe de tener todas las garantías y sobre todo el cuidado respectivo”, explica el jefe de la fiscalía contra la trata de personas.
Agrega que han determinado que los guardias del SP facilitan el ingreso de las menores. “Es importante la responsabilidad que tiene el Sistema Penitenciario para evitar que las niñas o adolescentes sean víctimas de este tipo de delitos", comenta el fiscal.
Uno de los investigadores afirma que los pandilleros privados de libertad le pagaban de Q1 mil a Q1mil 500 a los reclutadores por cada niña que trasladaban a la cárcel.
El fiscal Colop explica que la investigación sigue y alcanza también a la Mara Salvatrucha (MS13) en otros penales del país.
"La modalidad del reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos es amplio. Hoy nos concentramos con la pandilla del Barrio 18. Creemos que también puede haber adolescentes víctimas de la Mara Salvatrucha", expone el fiscal Colop.
Nuestro pronunciamiento ante los repudiables hechos de trata, explotación y violencia sexual de los que adolescentes han sido víctimas en centros de Privación de Libertad a cargo del Sistema Penitenciario. pic.twitter.com/SrWuo2FPBy
— Colectivo Artesana (@casaartesana) March 21, 2024
Activar protocolo
Andrea Barrios, coordinadora general del Colectivo Artesana, asegura que consideran importante este operativo porque durante años han denunciado en múltiples casos. Valora las capturas porque solo así se pueden desarticular esas redes criminales dentro de la prisión.
“Durante años hemos denunciado este tipo de hechos deleznables en el preventivo de la zona 18 y en la granja penal Cantel de Quetzaltenango”, afirma.
Según Barrios han tenido denuncias de niñas que permanecen hasta tres días dentro de una prisión.
“Un caso así ocurrió en Quetzaltenango, en la granja penal, en donde todavía, cuando ya iba de salida, le quitaron el dinero que le habían pagado tras ser abusada sexualmente”, expresa la coordinadora de Artesana.
Es por eso que Barrios reconoce el valor de las víctimas y sus familiares quienes han denunciado “estos repudiables hechos que han causado daños irreparables en sus vidas y que el Estado tendrá que resarcir y ofrecer planes de vida con oportunidades de desarrollo integral”.
La activista sugiere al titular de la DGSP que aplique, en forma inmediata, el "protocolo de atención especializada a niñas, niños y adolescentes con referentes familiares privados de libertad en los diferentes centros de detención preventiva y cumplimiento de condena a cargo del SP".
Barrios recuerda que hoy día rige una sentencia de protección especial que emitió el juez IV de niñez y adolescencia del área metropolitana, quien ordena tomar medidas para prevenir estos hechos repudiables.
9 agentes del #sistemapenitenciario han sido capturados el día de hoy por @PNCdeGuatemala
— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) March 20, 2024
Acusados de varios delitos, estos agentes deshonraron a sus familias, a sus compañeros y al país entero. Ahora responderán por sus actos.
¡No hay mañana, #LaSeguridadEsHoy! pic.twitter.com/U92dTcGM5R
El colectivo Artesana desde el 2023 ha llevado a cabo acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares en favor de las niñas, niños y adolescentes.
Una de las medidas inmediatas para evitar que esta práctica continúe es echar a andar la carnetización de niñas, niños y adolescentes, que tienen parientes privados de libertad.
Una certificación de nacimiento no es adecuada, se debe generar una base de datos, que se entreguen carnés y enrolar a las familias por medio de huella. “Todo esto ya ha sido ordenado hacerlo por jueces, pero nada se ha cumplido”, lamenta Barrios.
