En noviembre de 1824 se promulgó la Constitución Federal de Centroamérica y con gran influencia liberal adoptaba la fe católica como religión oficial. En 1835 se deja atrás tal concepto y el Estado queda sin religión oficial.

El gobierno conservador con Rafael Carrera y aleros decide la separación del Estado de Guatemala de la Federación Centroamericana y de nuevo adopta la religión católica como oficial.

Con la Revolución Liberal de 1871 y luego con la promulgación de la Constitución de 1879 no adoptamos religión oficial y solo se señaló el reconocimiento a profesar la religión según la conciencia de cada quien, pero estableció educación pública laica. Esta dinámica siguió en la Constitución revolucionaria de 1945, la de la Liberación de 1956 y también con la del régimen militar de 1965 e incluso la garantía para el ejercicio libre de la religión fue reconocida en el Estatuto Fundamental de Gobierno de la dictadura riosmontista.

Nuestra constitución, de amplio corte humano, cumple con garantizar el derecho individual e íntimo de creer en lo que se dicte por cada conciencia para ejercer la religión que se desee, porque vivir dentro de un Estado laico es garantía de libertad. Si el Estado no es laico se amenaza la fe ajena. Esta regla no tiene excepciones.

Profesar —o no— la religión según nuestra conciencia es un acto de libertad y por ello el sistema jurídico gravita en torno a esto. Sin libertad no puede existir desarrollo y paz. Cuando un funcionario o dignatario de la Nación, de forma común e institucional, incluye mensajes ligados a temas religiosos o toma decisiones políticas influido solo en su propio contexto religioso, pone en duda al Estado laico y condiciona la libertad de todos.

La pena de muerte, por ejemplo, debe abordarse desde ópticas sociales, políticas y jurídicas, y sin duda las iglesias pueden sumarse a la discusión y debate; sin embargo, legisladores, jueces y magistrados deben desvincularse de sus contextos religiosos para decidir lo que la sociedad marque como su solución.

Los guatemaltecos somos dables a perder espacios de libertad. Por ejemplo, ser peatón es un atentado porque las banquetas son para postes, andar en vehículo es jugar a laberintos porque la mitad de colonias están cercadas, además de tener talanquera y garita, y sabemos que existen cuentas de redes sociales apoyadas desde tribunas gubernamentales con el objeto de crear confusión y desacreditar a quien sea. En vez de ir conforme la democracia se consolida en un proceso de avance, la idea ajena se desacredita y no se debate por muchos ostentadores del poder real, perdiéndose libertad.

Ciertos estados islámicos en el otro lado del mundo son una amenaza a la libertad individual por su fanatismo e intolerancia —Afganistán e Irán, por citar algunos—, la inmigración islámica en Europa arroja problemas sociales de difícil ponderación jurídica y política; sin embargo, el laicismo de las grandes democracias es la mejor garantía para creer en el Dios que queramos, y si en realidad queremos construir un estado de Derecho y una democracia que nutra a la República debemos rechazar a quienes hacen, desde tribunas de poder, fiambres entre religión y política.

La mejor forma de destruir los avances democráticos es con una dinámica de confusión, desacreditamiento y fragmentación. Siendo el tema religioso caldo de cultivo para conseguir esos fines es evidente el rumbo de algunos dirigentes políticos. Imponer nuestro concepto de Dios a otros ha dejado mares de sangre, dolor y luto, no podemos arriesgar lo que a la fecha, por pírrico que parezca, hemos obtenido y menos cuando se hace en nombre de la libertad.