Editorial
¿Dónde está el dinero de los hospitales?
Salud anunció que gestiona donaciones de medicamentos e insumos, una medida emergente mas no suficiente.
Ayer hizo justo un año de la inauguración, por parte del entonces presidente Alejandro Giammattei Falla, del hospital de Chimaltenango, que las redes sociales oficiales describían de “vanguardia” y de “alta tecnología”. Lo presentaban como un logro aunque su construcción la donó Taiwán. Su apertura a todas luces era publicidad preelectoral, aunque ya estaban convocados los comicios, Ni siquiera un mes pasó para que se descubriera el fraude del fraccionamiento de compras por Q67 millones y de la adquisición de equipo usado y sobrevalorado. A la fecha, no ha comenzado el juicio contra los involucrados, entre ellos el exviceministro de Salud, Gerardo Hernández, quien tenía antecedentes de mal desempeño.
También era febrero cuando Hernández fue nombrado director del Hospital General San Juan de Dios, el cual pasó por una fuerte crisis de desabasto de medicamentos y hacinamiento de pacientes en 2022. Cuando una periodista de Prensa Libre y Guatevisión publicó una nota sobre tal situación, Hernández la señaló de “perseguirlo” por razones ajenas al trabajo informativo, en un claro afán de deslegitimar su labor. En mayo de 2022 fue destituido pero, ¡oh, sorpresa!, fue premiado inexplicablemente con el nombramiento como viceministro de Hospitales, cargo desde el cual es señalado de haber favorecido la adquisición anómala en Chimaltenango.
Valga el anterior círculo vicioso como uno de los casos que marcan la actual catástrofe del sistema hospitalario, cuya deuda a proveedores —de fármacos, alimentos, utensilios, insumos y servicios— puede ascender hasta los Q650 millones. El titular de Salud debería tener las cifras en mano, a menos que pretenda apañar las causas de este impago que pone vidas en peligro.
A inicios de año, en las postrimerías del mandato de Giammattei, el Hospital San Juan de Dios pasó por una grave crisis debido a la falta de electricidad. Nunca se aclaró si se debía a deficiencias de la instalación, de la conexión o a una supuesta deuda con la empresa proveedora del suministro, la cual se vinculaba a exdirectivos del Inde. Ahora hay desabasto de medicinas por la mencionada falta de pago a proveedores, pero también debería revisarse si acaso regresó el viejo mal llamado “robo hormiga”, una tarea urgente que las autoridades de Salud deberían efectuar en conjunto con la Contraloría General de Cuentas, a fin de presentar las debidas denuncias al Ministerio Público.
A pesar de su carácter escandaloso y lesivo para el Estado y la ciudadanía, el proceso judicial por el fraude de Chimaltenango va lento, al menos en comparación con otros casos levantados por montos mucho menores, pero con otros fines. Peor aún, no se ha escuchado la enérgica protesta de la Fiscalía y mucho menos una solicitud de antejuicio contra el juez Víctor Cruz, quien hace apenas dos semanas, el 7 de febrero último, decidió cambiar el delito del exviceministro Gerardo Hernández de fraude a “incumplimiento de deberes”, pese a los indicios de colusión. La resolución apunta a facilitar una admisión de cargos del señalado, con pena mínima y amplia burla a la ciudadanía.
Salud anunció que gestiona donaciones de medicamentos e insumos, una medida emergente mas no suficiente. Se necesita establecer protocolos de adquisición transparente, constante y a precios competitivos. Mientras tanto, la fiscal general debería enfocarse en revertir la resolución judicial mencionada, porque se trata de uno de los casos más inverecundos de corrupción del gobierno que la reeligió en el cargo.
ESCRITO POR:
