Especialistas coinciden en regular la operación de las tarjetas de crédito
La iniciativa 5544, Ley de Tarjetas de Crédito, ya fue aprobada en tercera lectura por el Congreso y especialistas consultados aprueban la propuesta, casi tal y como está.
La iniciativa para establecer la ley de tarjetas de crédito lleva 5 años en el Congreso sin ser aprobada, y se retomó en agenda este mes. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
De acuerdo con la agenda legislativa correspondiente a esta semana, este 15 de febrero se discutirá y aprobará por artículos y redacción final la iniciativa número 5544, Ley de Tarjetas de Crédito, que pretende regular una serie de situaciones que ya se dan en la actualidad, y que influyen en las decisiones de emisores y tarjetahabientes.
Prensa Libre consultó a varios especialistas de centros de investigación, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y el Banco de Guatemala (Banguat) sobre “lo bueno, lo malo y lo feo” del marco legal indicado y estos fueron sus comentarios:
Erick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que lo bueno de la iniciativa de ley es que trata de fijar límites a los recargos por intereses, moras y multas que suelen hacer los emisores cuando las personas no pueden pagar la totalidad de la deuda.
En todo caso, considera responsabilidad de cada persona controlar sus gastos, según su capacidad de pago, pero muchas veces ocurren emergencias y la gente no cuenta con otra opción accesible de financiamiento.
“Por eso es positivo el mandato sobre la evaluación de la capacidad de pago del usuario de las tarjetas, lo que en ocasiones es omitido por algunos emisores que buscan ampliar su mercado, pero sin una rigurosa evaluación de los nuevos usuarios”, enfatizó.
Según Coyoy, también es positivo e importante que la propia Superintendencia de bancos (SIB) y los emisores de tarjetas impulsen campañas de educación financiera para que las personas tengan plena claridad de los costos que asumen, al usar ese tipo de financiamiento.
A su criterio, se deben tomar en cuenta todas las recomendaciones de cambios que hizo en su momento la Superintendencia de Bancos para asegurar que se cumple con los estándares técnicos necesarios. (Según la carta de la SIB del 12 de febrero del 2024 sí se tomaron en cuenta sus observaciones en el 2019).
En cuanto a la supervisión de los emisores de tarjetas, debe hacerlo la SIB, algo similar a lo que ocurre con las aseguradoras, que sin importar si son parte de un grupo financiero, son supervisadas por la SIB que es la entidad más calificada para hacerlo, opina el analista de Asíes. Consultado sobre lo malo o lo feo, indicó que no le ve algo malo o feo que resaltar a la ley propuesta.
David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), opinó que es importante que se le brinde información al consumidor, en especial con un producto que se vuelve complejo de administrar como lo es una tarjeta de crédito.
“En esa línea de análisis, también es favorable que se faciliten los convenios de pago y que las cuotas le permitan al tarjetahabiente hacer pagos a capital. Es importante identificar si en la aplicación se puede hacer uso de alguna herramienta tecnológica que facilite la logística de la firma de contratos y a nivel institucional es importante garantizar la atracción de profesionales que cuenten con las herramientas para hacer el trabajo de supervisión de manera técnica a través de la DIACO”, señaló.
A su vez, el presidente de la banca central, Álvaro González Ricci, afirmó que en lo bueno es una demanda de los usuarios de las tarjetas de crédito, pues muchos de estos consideran que ha habido abusos en la gestión de cobros, por ejemplo, aunque eso ya tiene una regulación, así como las tasas de interés, entre otros.
“Se busca una mejor formación o que los emisores de tarjetas puedan realizar capacitación financiera; que públicamente se dé a conocer la tabla de cobros; cuál emisor es más barato; y el hecho de que las cooperativas puedan emitir tarjetas de crédito, también se ve de manera positiva”.
Sobre lo malo, dijo que no se percibe nada, si la ley pasa como está, pues es algo que los bancos ya analizaron y claramente hay una falta de regulación. “Hay muchas personas con deudas sumamente altas que no han podido cancelar y el menor de los problemas es que un mal desempeño y comportamiento en el pago, va al sistema de referencias crediticias de la Superintendencia de Bancos, y cuando alguien con mal récord acude a una entidad financiera a solicitar algún crédito, tiene dañada su imagen”.
La CFG ratifica su postura
Consultado acerca de los aspectos positivos y negativos que pudiera contener esa ley, Edgar Bran, director en la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), dijo que en general es positiva y ayudará a ordenar esa industria.
Según el análisis de dicha Cámara, es una iniciativa de ley hecha con todos los principios necesarios de una ley técnica, ya que tomó en cuenta la opinión de las autoridades regulatorias como la Superintendencia de Bancos, tanques de pensamiento, técnicos en materia económica, la Cámara de Finanzas de Guatemala y otros.
Otro tema es que los diputados tomaron en cuenta leyes de otros países que van mucho más avanzados o desarrollados en la regulación de la industria de medios de pago, por lo que consideran que “ya recoge las mejores prácticas de una ley técnica, en favor de los usuarios y de la industria”.
La ley del 2016 fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad porque tenía muchas inconstitucionalidades, pero de momento y en la forma como está redactada la actual propuesta, no se han encontrado inconstitucionalidades. Entonces, creo que es una ley que ya está desarrollada con los lineamientos técnicos, para evitar que hayan redacciones o temas que no apliquen o sean inoperantes y que lejos de beneficiar a los usuarios, los perjudique”.
ABG: La actividad crediticia debe regularse
Consultada la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) sobre el tema, respondió las preguntas de Prensa Libre de la siguiente manera:
¿Qué opinan acerca de la iniciativa de 5544, Ley de Tarjetas de Crédito que fue programada por el Congreso para discutir y aprobar su tercera lectura?
Desde el inicio hemos manifestado nuestra postura a favor de que exista una legislación que regule nuestra actividad, pues con reglas claras cualquier sector opera con mayor transparencia y certeza. Pero esta certeza se logra si las regulaciones cuentan con bases técnicas que verdaderamente protejan a los usuarios y no pongan en riesgo la sostenibilidad crediticia, las actividades comerciales, el desarrollo económico del país y que promuevan el libre mercado y la libre competencia.
Con esa iniciativa (y su respectivo dictamen) ¿qué beneficios o dificultades tendrá el sector de emisor de tarjetas?
En los últimos años, han existido varios intentos de regular la actividad de las tarjetas de crédito, pero lastimosamente todas las iniciativas no han contado con el respaldo técnico necesario, sino más bien han respondido a intereses políticos particulares. En materia financiera, como establece la Constitución Política de la República, es vital respetar el debido proceso, que incluye contar con la opinión de las autoridades pertinentes para garantizar que se regule a favor del desarrollo del país.
Con esa iniciativa (y su respectivo dictamen) ¿qué beneficios y dificultades tendrá el usuario de tarjetas de crédito?
Reiteramos que coincidimos en la importancia de regular nuestra actividad, pues con reglas claras cualquier sector opera con mayor transparencia y certeza. Pero debe hacerse con apego a derecho y con bases técnicas para que verdaderamente proteja al usuario y no ponga en riesgo la sostenibilidad crediticia, las actividades comerciales, el desarrollo económico del país y que promuevan el libre mercado y la libre competencia.
Es por eso que regimos nuestra actividad bajo una serie de principios que buscan en términos generales, la protección al consumidor, la importancia de tipificar los delitos en contra de nuestros usuarios e incentivar el crecimiento económico.
Comentarios de otros aspectos que hayan detectado y les cause preocupación o dudas:
Las principales ventajas de un sistema regulado de medios de pago son: disminuye el riesgo de manipulación de efectivo; contribuye a la bancarización; fomenta la inclusión financiera; incrementa la penetración y mejora la seguridad de los comercios que las reciben; reduce el mercado informal; disminuye el lavado de dinero; propicia que se generen transacciones verificables; incrementa la recaudación fiscal; y otorga mayor capital de trabajo para las PYMES.
Elementos positivos de la iniciativa 5544
El director de CFG, Edgar Bran, enumera aspectos que esa entidad considera positivos en la iniciativa de ley mencionada y que a su criterio, no deberían variar:
- Protección al tarjetahabiente: Brinda protección al usuario o tarjetahabiente, ya que los emisores tendrán que ser mucho más específicos sobre cómo mostrar la información en los estados de cuenta y en los contratos, lo cual da transparencia en la relación entre el usuario y el emisor.
- Regula nuevos emisores o modalidades: Regula a todos los emisores y a los nuevos participantes, “ya que cada vez vienen nuevos emisores y también hay interés de las Fintech para operar en el país”. Es importante que las reglas estén bien definidas para que los nuevos jugadores puedan participar “y no venir con prácticas que no son las más aptas para el buen desenvolvimiento y respeto hacia el usuario, por lo que la ley es positiva para regular a la industria”.
- Actualizaciones necesarias y plazos: Siempre que hay un cambio en las regulaciones se deben hacer esfuerzos adicionales del lado de los emisores, ya que deben adaptar sus sistemas, cambiar algunas políticas y contratos. También deberán revisar sus programas en educación financiera, porque tiene componentes adicionales. Para las adecuaciones en la industria considera que de seis meses a un año es un plazo prudente.
- Contratos y políticas de cobro: Las nuevas regulaciones se tendrán que manifestar en los contratos de relación entre el emisor con el cliente o tarjetahabiente, ya que los articulados, en su mayoría requieren algunos cambios. También se requerirán cambios en la parte tecnológica, ya que muchos de estos temas están automatizados, aparte de adecuar varias políticas, ya que cada banco o emisor tiene sus políticas, incluso, en la parte de cobranza, sin perjuicio de que ya existe una ley que regula la forma de cobrar.
ESCRITO POR:
Rosa María Bolaños
Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.
