Las denuncias contra agentes de la Dirección de Protección Fronteriza (Dipafront) no son recientes ni escasas: por exacciones contra migrantes indocumentados y connivencia con grupos de trata de personas, los cuales cuentan incluso con la cooperación de ciertos taxistas piratas de áreas fronterizas, quienes tienen vía libre, aunque vayan repletos, en tramos donde supuestamente se instalan patrullas policiales que actúan de manera selectiva.

La trata de personas se agudizó después de las caravanas masivas de 2018, sobre todo en localidades emblemáticas como Esquipulas, Guatemala, donde también hay evidentes operaciones de lavado de activos y tráfico sexual. Hoteles completos han sido rentados, casi bajo amenaza, por mafias que los utilizan como casas de seguridad para migrantes en ruta. Estos desembolsan dinero para poder pasar e incluso ser trasladados en buses amarillos, tipo escolares, a altas horas de la noche y madrugada sin que sean detenidos ni requisados por nadie en toda la ruta al Atlántico, según las denuncias. En ocasiones incluso llevan las tradicionales toquillas esquipultecas de colores para aparentar que son peregrinos.

Las autoridades de Gobernación, entre otros anuncios, han anticipado que se hará una depuración en Dipafront: vaya manera de hacerlo, avisando de antemano a potenciales sospechosos. Queda claro que existe la posibilidad de que no todos los agentes policiales estén involucrados en delitos, pero es lógico que los malos elementos siempre buscan cubrir sus huellas y seguramente agradecen la alerta. Tampoco basta con la rotación de efectivos policiales, este parche se ha utilizado en repetidas ocasiones y con ello el agujero se ha hecho cada vez más grande, según han constatado investigadores del área migratoria.

Otro de los aspectos por considerar es que la seguridad fronteriza en el oriente del país no solo está en manos de la PNC, sino también vincula potestades del Ejército y el Instituto Guatemalteco de Migración, ente cuyas delegaciones también deberían ser objeto de supervisión sorpresiva. Las propias municipalidades de territorios fronterizos deben tener indicios acerca de la operación de bandas de trasiego de personas que a su vez son conexas con el contrabando, tráfico de drogas y esclavitud sexual. Y si aducen no tener la menor idea de lo que sucede es porque no trabajan o existen furtivos conflictos de interés.

La migración es un derecho, pero debe hacerse de manera segura, ordenada y sin lucros ilícitos. Las oleadas trashumantes evidencian no solo el deterioro económico de naciones, sino la rentabilidad de este abyecto comercio con la angustia y la precariedad. Por ello, el combate debe abarcar también a los cabecillas de las redes locales de trasiego y corrupción, no solo a los ayudantes, que son simples cabos prescindibles, al menos si la intención real del Gobierno es abatir este flagelo cortando la mata de raíz.

En materia de combate del delito existe aquel aserto: sigue la ruta del dinero. Toda autoridad, de todo nivel, desde el gobernador hasta el policía, deben estar sujetos a estrictos controles sobre su patrimonio e ingresos, a fin de cortar de tajo los riesgos de complicidad. Lo mismo vale decir de los propietarios o conductores de vehículos particulares utilizados como taxis sin los permisos correspondientes. Y en caso de existir amenazas e intimidaciones contra funcionarios probos, de nuevo, debe haber procesos judiciales encabezados por la fiscalía correspondiente, con la consiguiente auditoría sobre el actuar de los tribunales locales.