El Pacto de Corruptos no ha muerto. Aunque no pudo colocar a uno de los suyos en la presidencia de la República (y vaya que lo intentó), esta alianza perversa sigue ostentando buena parte del poder y no está dispuesta a perder el control del Ministerio Público (MP) que le garantiza: 1) impunidad para sus integrantes, 2) persecución para sus adversarios y 3) desestabilización del gobierno electo.

Por eso defiende a capa y espada la permanencia de María Consuelo Porras Argueta como fiscal general de Guatemala y utiliza un falso discurso, retorciendo el concepto de “autonomía”, a partir del cual la fiscal general puede hacer lo que le venga en gana, aún y cuando sus acciones violenten la Constitución, retuerzan el mandato del ente investigador o sean constitutivas de delito.

Con ese criterio, esta señora puede permanecer en el cargo los dos años y medio que le quedan inventando y fabricando causas penales; persiguiendo indebidamente a operadores de justicia que han investigado y juzgado casos por delitos de gran corrupción o graves violaciones a los derechos humanos; intentando meter a la cárcel a periodistas y columnistas por sus publicaciones y opiniones; y hostigando y criminalizando con el poder punitivo del Estado a todo aquel que el Pacto —del que ella es integrante prominente— señale de “enemigo/a”. En otras palabras, Consuelo Porras sería superior a la ley.

Por supuesto que un/a fiscal general debe tener autonomía para realizar su labor de forma independiente y esto no debe ser causal de destitución, pero que el cargo de jefa del MP se convierta en patente de corso para castigar con cárcel a quienes no cometieron delito alguno, fabricar casos, inventar pruebas e, incluso, violentar la voluntad soberana del pueblo en un proceso electoral son otros cien pesos.

A estas alturas hay suficientes motivos para exigirle a Consuelo Porras la renuncia. Faltaría espacio para enumerar las decenas de casos en los que el MP de forma deliberada, por orden del Despacho, armó expedientes e “investigaciones” para refundir en prisión a personas inocentes u obligarlas a salir del país: Virginia Laparra, Jose Rubén Zamora, Stuardo Campo, Orlando López, Samari Gómez, Aliss Morán, Paola Escobar, Siomara Sosa, Willy López, Leily Santizo, Claudia González, Juan Francisco Sandoval, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Thelma Aldana, Carlos Ruano, Gloria Porras, Claudia Escobar, Michelle Mendoza, Juan Luis Font, Julia Barrera, Gerson Ortiz, Alexander Valdéz, Rony Ríos, Cristian Vélix, Denis Aguilar, Edgar Gutiérrez, Eduardo Velásquez, Marcelo Blanco, Javier De León, Ramón Cadena… Ni hablar del sabotaje al interno de la institución vía despidos injustificados, procesos administrativos ilegítimos y acoso contra fiscales, investigadores y personal administrativo.

Y a la par de esta persecución penal espuria e indebida, en claro incumplimiento de funciones, impulsar el cese de la persecución penal, el archivo de expedientes y frenar investigaciones a pesar de la gravedad de los delitos y las pruebas recabadas como ocurrió con el caso Odebrecht (que involucraba a 107 congresistas señalados de recibir sobornos) o los casos contra Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi…

Apenas hace cuatro meses que el MP de Consuelo Porras secuestró y abrió las cajas electorales y emprendió la persecución contra el entonces binomio electo del Movimiento Semilla para impedirles tomar posesión por la vía de un golpe judicial.

El MP no puede ser un estado paralelo que no esté sujeto a controles. ¿Es que acaso una fiscal antidemocrática que fabrica casos, elimina otros y socava el Estado de Derecho puede seguir como si nada dirigiendo a la entidad encargada de la investigación y persecución penal y usando su mandato y recursos para infundir terror y generar impunidad?