Esto, tomando en cuenta diversas denuncias, incluso internacionales, de entrega de sobornos y otros ilícitos, para lo cual también espera información que le pueda compartir la embajada de EE. UU.
En sus declaraciones, el funcionario comentó que los principios de la administración del presidente Arévalo son claros, mencionando primero la transparencia y corrupción cero, por lo cual se le preguntó por la postura que tomará el MEM en el caso de la minería, ya que cuando era candidato, el presidente se pronunció de manera poco favorable sobre la extracción minera.
“Hemos discutido una postura, pero no la quiero adelantar porque creo que le corresponderá al presidente anunciarla, pero lo fundamental es que la medida que se tome se hará con base en la historia; o sea, un balance claro de costos y beneficios sociales, económicos, ambientales y financieros de la minería. Se debe tomar en cuenta que no se empezó con la minería en el país hace dos días, sino que son más de 70 años”.
A su juicio, esa experiencia debe generar lecciones aprendidas, positivas y negativas, y eso se tiene que evaluar de forma muy clara para tomar decisiones, que seguramente van a beneficiar a la población y van a ayudar a reducir la conflictividad. Sin embargo, advirtió que “un proyecto que no tenga impacto social en el área es un mal proyecto; ese es uno de los grandes desafíos”.
Las revisiones
Específicamente sobre el tema de las licencias mineras vigentes, se consultó al ministro si se pedirá una auditoría especial o una revisión de las emitidas por el MEM en los últimos cuatro u ocho años, tomando en cuenta diversas denuncias, incluso internacionales, de entrega de sobornos.
Al respecto, Ventura dijo que “el tema aquí es lo que nos comparta el gobierno de Estados Unidos en el tema de sobornos. Por supuesto, se va a revisar todo lo actuado, especialmente estos temas de procesos críticos que han sido señalados por la prensa”. Agregó que pedirán apoyo a otras instituciones para realizar esas auditorías, y que “sin duda, para esta labor, la Contraloría (General de Cuentas) jugará un papel importante”.
Respecto a las licencias de exportación de las empresas Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) y Mayaníquel, que fueron sancionadas por Estados Unidos en el 2022, y cuya sanción fue levantada en la tercera semana de enero del 2024, el ministro indicó que se está pidiendo a la embajada de Estados Unidos que corrobore información al respecto y con base en eso, se hará lo que proceda para la habilitación respectiva.
Protesta y solicitud
Diversas organizaciones se pronunciaron este jueves 25 de enero, criticando el aval que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó al proyecto Cerro Blanco para modificar su tipo de extracción para pasar de minería subterránea a cielo abierto.
Refieren que los funcionarios del MARN que dieron este aval, deberán responder por permitir la continuidad del estudio ambiental “que falsamente llaman actualización”.
Derivado de estos y otros puntos que mencionan en un comunicado, piden al Gobierno escuchar la petición de las autoridades ancestrales en el sentido de adoptar una moratoria minera para detener la alarmante conflictividad socio ambiental y revisar meticulosamente los procedimientos bajo los cuales se han aprobado licencias de explotación minera e iniciar un debate sobre el desarrollo sin minería.
Piden a la ministra de Ambiente que “de acuerdo al pronunciamiento emitido el 24 de enero, proceda a revisar el expediente, los procedimientos, las anomalías y criterios, bajo los cuales se pretende dar aval a la supuesta actualización del EIA del proyecto Cerro Blanco”, y le exigen “derogar el acuerdo 317-2019” que supuestamente favorece a empresas que han incumplido con compromisos ambientales y cuyas licencias deben ser canceladas.
Y al ministro de Energía y Minas, solicitan la caducidad de la licencia minera del proyecto Cerro Blanco, basados en la ley minera, porque tampoco ha extraído minerales, ni tributado al fisco.
Al ministro de Relaciones Exteriores, atender el llamado de la cancillería de El Salvador y proceder a instalar una comisión binacional de alto nivel para evaluar los impactos en la cuenca y establecer acuerdos y regulaciones en protección de las aguas compartidas a favor de los pobladores.
Las organizaciones que se pronuncian en el comunicado son: la Comisión Ecologista “Laudato Si”; Vecinos organizados en resistencia; Convergencia Democrática; organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y El Salvador; Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación O.F.M (JPIC); Colectivo Madreselva; Convergencia Nacional de Resistencias -CNR-; Alianza Centroamericana Frente a la Minería; y vecinos y vecinas de Asunción Mita, Jutiapa.
Un grupo de representantes de diversas organizaciones acudió al Congreso de la República este 25 de enero, y se pronunció también en contra de la aprobación del cambio de mecanismo de extracción en dicho proyecto minero.
Consultado de nuevo el 25 de enero, acerca del anuncio de la empresa propietaria del proyecto Cerro Blanco (Jutiapa) de que los ministerio de Ambiente y de Energía y Minas, en la última semana del gobierno anterior, aprobaron la modificación a las licencias para que efectuar extracción a cielo abierto, el MEM mantuvo la respuesta brindada el miércoles 24 de este mes.
El miércoles el ministro Ventura, respondió, por medio de la oficina de comunicación social, que dicha cartera no ha emitido resolución al respecto y que se está a la espera de la revisión y documentación ambiental del gobierno anterior, antes de tomar una decisión. Por aparte, la nueva administración del Ministerio de Ambiente anunció una auditoría ambiental en ese caso.
Grenat: Se necesita una nueva política minera
La Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), considera necesaria una nueva política minera.
Valery Zurita, directora ejecutiva de Grenat, expresa aspectos importantes y necesarios para el desarrollo del sector, ahora que ha llegado el nuevo gobierno.
El ministro indica que el presidente de la República Bernardo Arévalo está dando a conocer la postura y la ruta que asumirá el nuevo gobierno respecto a la minería. ¿Ya tuvieron algún acercamiento con el presidente o con el ministro?
Hasta el momento no hemos tenido comunicación con las autoridades actuales, sin embargo, ya solicitamos un acercamiento con el ministro para conocer su postura y plan de trabajo. Desde la Grenat permanecemos abiertos a colaborar y encontrar las vías más efectivas para que la industria minera contribuya al desarrollo sostenible del país, siendo parte de los actores que pueden sumar a las importantes metas del Plan de Gobierno, como generación de empleo y fortalecimiento de infraestructura.
Luego de las sanciones de EE. UU. al exministro de Energía y Minas y otras medidas, el nuevo ministro dijo que la cartera establecerá una política de transparencia, que incluye auditorías, revisión de casos y procesos, incluyendo en minería ¿Qué opinan al respecto?
Asegurar la transparencia en todas las actividades económicas es indispensable y más aún, que las medidas queden establecidas en una nueva Política Minera.
En el caso puntual de la industria existe EITI, que es una iniciativa a nivel mundial que busca la transparencia en el sector extractivo; los esfuerzos podrían enfocarse en fortalecer su trabajo y de este modo aprovechar una iniciativa que ya funciona en otros países.
¿En el caso de las mineras CGN, Pronico y Mayaníquel que medidas espera el sector que siga la nueva administración del MEM?
Entendemos que ya aclarados los señalamientos, el siguiente paso es la reactivación de licencias por parte del MEM. Este ya es un proceso que depende de los tiempos internos de la cartera y esperamos que se dé el seguimiento debido para que los proyectos puedan reactivarse a mediano plazo.
De acuerdo con estimaciones que hemos hecho con CABI, la reactivación de estos proyectos podría generar Q4,573 millones en aportes al producto interno bruto (PIB), más de 23 mil empleos directos e indirectos y Q397 millones en aportes al Estado por regalías e impuestos.
El funcionario menciona que se prevé hacer un balance entre costos y beneficios para el sector, la población y el Estado. ¿Qué opinan al respecto?
Estas evaluaciones deben realizarse de forma objetiva.
Actualmente la industria minera y las empresas que le brindan servicios ya contribuyen al Estado a través del pago de impuestos y otras obligaciones; además, se debe evaluar a mediano y largo plazo cuáles son los beneficios que la industria puede seguir aportando al país en materia de empleos, huella económica y pagos al Estado.
Con la ayuda de una nueva Política Minera, medidas de transparencia como EITI y una adecuada fiscalización, esto puede traducirse en herramientas que conduzcan al desarrollo sostenible de Guatemala.
En el caso de Cerro Blanco, la directora ejecutiva de Grenat mencionó el miércoles que “el proceso de aprobación del estudio incluyó todos los pasos de una extensiva revisión técnica de las autoridades correspondientes. Este es un importante paso que permitirá que la empresa pueda retomar sus acciones de gestión social que le permitan garantizar que el proyecto cuenta con la aceptación de las partes involucradas, y sólo cuando ese ocurra, podría iniciar la fase de construcción a mediano plazo”.
Agregó que desde la Grenat ven de forma positiva esta aprobación “considerando que este proyecto estima generar 1 mil empleos locales que beneficiarán principalmente a las comunidades cercanas, contribuyendo así a reducir los índices de migración joven hacia Estados Unidos”. Las proyecciones económicas son de más de US$160 millones anuales para el país y US$300 millones que se proyecta pagar por concepto de impuestos y regalías, según añadió.
