Tomo prestado para el título de esta columna, el lema de la campaña que acompañó la protesta ciudadana a lo largo de 106 días y que resume una de las principales exigencias del Paro Nacional: la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, de sus principales alfiles en la institución y de sus jueces-socios dentro el sistema de justicia.

Esta demanda no es antojadiza. Está sustentada en las acciones que Porras emprendió desde su despacho y que no solamente debilitaron al MP sino lo convirtieron en la principal herramienta de persecución en contra de operadores de justicia, defensores de derechos humanos, líderes sociales y de pueblos indígenas; opositores políticos y periodistas, considerados un obstáculo para perpetuar el régimen de corrupción e impunidad en Guatemala.

Al uso indebido del Derecho Penal a través de casos fabricados y procesos judiciales espurios (criminalización) que llevaron a decenas de personas al exilio o a la prisión, se sumó la instrumentalización de la Fiscalía General para impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, contraviniendo la voluntad popular expresada en las urnas y el principio de alternabilidad consagrado en la Constitución (golpismo).

Aunque son motivos más que suficientes para exigirle la renuncia a la funcionaria, no son las únicas razones. La contracara de la criminalización fue y sigue siendo la garantía de impunidad para los delincuentes, violadores de derechos humanos y los corruptos. Para ello, Porras Argueta desarticuló unidades clave como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), la Fiscalía contra la Corrupción, la de Derechos Humanos y la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, por citar las más importantes.

El despido injustificado y la persecución de fiscales e investigadores fue la manera que encontró para: 1) detener investigaciones en curso (como la millonaria compra de las vacunas rusas o los sobornos envueltos en una alfombra que involucraban al entonces presidente Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez); 2) archivar expedientes y pedir el cese de la persecución penal para exfuncionarios, políticos y empresarios involucrados en redes de corrupción (como en los casos de Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, Pedro Muadi, Blanca Stalling y Felipe Alejos); y 3) sabotear los procesos contra exmilitares y expolicías responsables de delitos de lesa humanidad (como el caso del Diario Militar o la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen). Además de la violación flagrante al artículo 35 constitucional que garantiza la libertad de expresión, acusando a periodistas y columnistas de “obstrucción a la justicia” por informar u opinar sobre el accionar del MP y los juzgados.

Y si a todo eso sumamos, como señala Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci, la desestimación de casos como modus operandi para bajar la mora fiscal y maquillar las estadísticas, la exigencia de la renuncia de Consuelo Porras como jefa del MP está más que sustentada.

Ya los netcenters vinculados a la Fiscalía anunciaron que la funcionaria no acudirá a la cita con el presidente Arévalo fijada para mañana 24/1 aduciendo “autonomía e independencia” que, dicho sea de paso, nunca mostró con la dupla Giammattei-Martínez ni con el Pacto de Corruptos.

Habrá que continuar el camino institucional que lleve a la salida de una fiscal general que ha incumplido con su labor, retorcido el mandato del MP, desarticulado y enterrado investigaciones por múltiples delitos, irrespetado normas constitucionales y utilizado el poder punitivo del Estado como arma de venganza, castigo y persecución. Su permanencia en el cargo es incompatible con la democracia, señora Porras, atienda el clamor ciudadano y renuncie ya.