Con el anuncio de la medida de inadmisibilidad para entrar en el territorio de Estados Unidos emitida en contra del expresidente Alejandro Giammattei Falla, apenas tres días después de haber dejado el cargo, se completa una situación doblemente inédita: primero, la designación personal de quien encabezó el poder Ejecutivo guatemalteco bajo el señalamiento de, supuestamente, haber recibido sobornos, según lo comunicado por la administración Biden. Con ello, en segundo lugar, por primera vez en la historia están sancionados expresidentes de los tres poderes del Estado, pues a la expresidenta del Congreso Shirley Rivera y a la expresidenta del Organismo Judicial Silvia Valdés también les fue retirada la visa por acciones antidemocráticas, a juicio de dicho Estado.

Apenas 37 días antes, el gobierno estadounidense declaró indeseables para entrar en su territorio a cien diputados de la legislatura anterior, después de que votaran a favor de retirar la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral por supuestas inconsistencias en la compra del sistema informático de transmisión de resultados preliminares, como colofón de un proceso atropellado y plagado de discrecionalidades, en el marco de otros procesos en contra de dichos resultados.

Dicha acción fue criticada por el entonces presidente Giammattei, el 10 de enero último, al dirigirse a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, en Washington D.C., donde argumentó “injerencia” extranjera y “socavamiento a la democracia”. En relación con el desafuero de magistrados, en aquella alocución dijo: “Sin fundamento me hicieron responsable a mí y a personas allegadas”, pese a que entonces no había ninguna sanción directa en su contra.

Ayer también fue emitida otra sanción del gobierno estadounidense, mucho más fuerte que el retiro de visa, en contra de un exfuncionario de la administración Giammattei. Alberto Pimentel Mata, exministro de Energía y Minas, fue designado bajo la Ley Magnitsky de Responsabilidad en Violaciones a Derechos Humanos, con lo cual no puede efectuar ninguna transacción con ninguna entidad vinculada con el sistema financiero de EE. UU. Según el Departamento de Estado, “Pimentel utilizó su posición oficial para explotar el sector minero guatemalteco mediante esquemas de soborno”. En diciembre último fue sancionado, con esta misma medida, el exdirector del Centro de Gobierno Miguel Martínez, quien fue cercano colaborador de Giammattei.

Hace apenas tres días, una delegación oficial estadounidense brindó una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, en la cual reiteró el apoyo a la democracia y a la voluntad ciudadana manifestada en las urnas, como vía para crear condiciones de estabilidad que potencien el desarrollo económico, animen la inversión y frenen el éxodo migratorio. El encargado de negocios Patrick Ventrell confirmó la recepción de denuncias de guatemaltecos que afirman ser víctimas de presiones y persecución.

El retiro de visa al expresidente generará polémica, sobre todo por el contexto en el cual se produce: el inicio del gobierno de Bernardo Arévalo, quien fue juramentado casi a la medianoche del 14 de enero, tras una agitada sesión del Congreso en la cual fue electa la directiva encabezada por Samuel Pérez, de la bancada Semilla. Se interpusieron cinco amparos ante la Corte de Constitucionalidad contra dicha elección. El máximo tribunal ordenó ayer al Congreso repetir la votación de directiva, aunque aclaró que ello no afecta la juramentación presidencial.