De acuerdo con Barrientos, quien este martes tuvo la audiencia de primera declaración, luego de que dejara el cargo al frente de la cartera del Interior fue citado a declarar en el MP, a donde acudió junto a su abogado para colaborar en el proceso; sin embargo, la Fiscalía tramitó su orden de captura, algo que, según dice, era innecesario.
Barrientos asegura que no hay ninguno de los delitos de los que se le acusa, pues a su criterio, se cumplió con lo establecido en la resolución de la CC.
“Voy a declarar porque hemos revisado el caso y realmente no hay caso. Nosotros como Ministerio de Gobernación cumplimos con todas las directrices de la Corte de Constitucionalidad y no tendría por qué existir una orden de captura, porque yo estaba asistiendo al Ministerio Público a dar mis declaraciones”, dijo Barrientos.
Además, dijo que “vemos con extrañeza la forma en que repentinamente cambia el Ministerio Público el giro de este caso”.
“Hemos revisado detenidamente todas las acciones y no hay incumplimiento -de deberes- y tampoco hay ninguna desobediencia. El Ministerio de Gobernación es el encargado de formular las políticas de seguridad, la paz y el orden público y eso se ha hecho. Las directrices que ha dado la Corte -de Constitucionalidad- se han trasladado a las direcciones que corresponden, principalmente a la dirección de la Policía Nacional Civil”, señaló el exfuncionario.
Añadió que “en la sentencia de la CC hay varios actores, no solo es el Ministerio de Gobernación, extrañamente, pues, solo el Ministerio de Gobernación está viviendo esta situación”.
La captura
La PNC capturó el pasado 11 de enero a Barrientos señalado de desobedecer una orden judicial para despejar decenas de bloqueos de rutas que exigían la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
“Se coordinó la aprehensión del señor David Napoleón Barrientos Girón por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia”, informó ese día la Fiscalía en un comunicado.
El extitular de la cartera de seguridad fue detenido en su residencia en la capital y remitido en una patrulla policial al edificio de tribunales.
Barrientos renunció al cargo el 16 de octubre luego que la Fiscalía solicitó a la máxima entidad judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), su destitución por negarse a desalojar por la fuerza a los manifestantes.
La nota precisó que Barrientos “omitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público (…), al no cumplir con lo ordenado en resolución” de la CC.
A principios de octubre pasado, miles de personas cerraron varias carreteras en diferentes regiones de Guatemala, incluida la capital, para exigir la salida de la fiscal, acusada de emprender acciones judiciales para supuestamente evitar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.
