El escenario político del poder edil presentará desafíos, no solo por cuestiones como la salud, la educación, el saneamiento ambiental y la dotación de agua potable o entubada, sino también por otros como la gobernabilidad, las deudas de arrastre, el crimen organizado y el narcotráfico.
La primera prueba de alianzas con el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera tendrá lugar el 27 de enero, con la elección de la nueva junta directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
El cuatro veces alcalde de El Jícaro, El Progreso, y presidente de la entidad, José Francisco Mejía Flores, buscará su segundo período al frente de la misma.
Aunque Mejía Flores no es el único que busca dirigir la Anam, en la carrera por el control de uno de los brazos políticos del poder local también correrá el alcalde de Santa Catarina Pinula, Guatemala, Sebastián Siero.
Este último ha mantenido una comunicación constante desde el año pasado con las corporaciones electas.
Otro reto será alcanzar pactos de gobernabilidad en los municipios fronterizos con México, Honduras y El Salvador, territorios que afrontan dificultades, no solo por el trasiego de drogas y armas, sino también por el paso de migrantes irregulares provenientes de otros países.
Inseguridad
El Ministerio de Gobernación identificó al menos 14 de los 22 departamentos y más de 50 de los 340 municipios con problemas de inseguridad e ingobernabilidad generados por estructuras del crimen organizado.
Tectitán, Cuilco, La Libertad, La Democracia, Santa Ana Huista, Jacaltenango, Nentón, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, así como su cabecera departamental, están en riesgo ante la presencia de carteles del narcotráfico locales y mexicanos, entre estos Jalisco Nueva Generación.
En el caso de San Marcos, Ayutla, Tecún Umán; Ocós, La Blanca y Malacatán, con acceso al Pacífico, y colindantes con Chiapas, México, aparecen en este mapa de riesgo.
Otros, como Tacaná, Sibinal y Tajumulco tienen que enfrentar la vigilancia de numerosos pasos ciegos hacia municipios de Chiapas, sin dejar de lado la violencia que se reporta con frecuencia en Ixchiguán.
Otros departamentos con municipios en riesgo por la presencia del crimen organizado son Izabal, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa, Petén, Alta Verapaz y Quiché.
Las amenazas a las que están expuestos son el contrabando aduanero, narcotráfico y trasiego de armas y municiones.
Nuevos aires
El excomisionado de descentralización y coautor del Código Municipal, Rokael Cardona, dice que estas localidades son áreas de alta vulnerabilidad en muchos aspectos, como el trasiego de estupefacientes, el contrabando procedente de México y la falta de puestos de aduana.
“Son municipios estratégicos, desde Petén e Izabal hasta Huehuetenango, Quiché y San Marcos. El Estado tiene la facultad de priorizar estas comunas, respetando la autonomía, pero fortaleciendo la coordinación, la seguridad pública, la gobernabilidad, la prevención de prácticas corruptas”, puntualiza.
Según Cardona, hay muchos riesgos en San Marcos ante el cambio de gobierno que inicia.
“Se requiere fortalecer con personal, con inteligencia y proyectos estas áreas acechadas por el crimen organizado”, insistió.
Anam es otro factor
Otro factor que deben tomar en cuenta las nuevas autoridades del poder local es el cambio de dirigentes en la Anam.
“Será importante cómo quede la nueva junta directiva que se elegirá el 27 de enero, añadió Cardona, al estimar que todo dependerá de cómo se busque establecer un diálogo productivo entre el Ejecutivo y el poder local”.
Lo que se da en las comunas a partir de ahora es un nuevo escenario político para “la innovación en los gobiernos ediles, un mayor compromiso de combate a la corrupción, la rendición de cuentas y una mejor priorización de planes de inversión de las municipalidades”, hizo ver el excomisionado.
Las 340 corporaciones ediles están obligadas a llevar a cabo proyectos, en especial los relacionados con la educación y la salud, como lo establece la Constitución, expuso.
“Creo que este es un momento propicio para hacer las cosas de una manera distinta, de pasar de una etapa de discrecionalidad, de la cual han hecho uso los gobiernos locales en estos últimos años, a marcar una diferencia”, manifestó el especialista.
Nueva generación
Según Cardona, en giras efectuadas en fecha reciente por los 22 departamentos se pudo identificar una “nueva generación de jefes ediles, de los 234 que asumen el cargo por primera vez, que tienen una actitud más consecuente sobre el manejo de los recursos de forma transparente”.
“Se abre otra etapa, con un nuevo presidente, que deberá abrir un diálogo permanente con los alcaldes, el cual es necesario para coordinar las acciones de los municipios”, enfatizó Cardona.
Asimismo, se tendrán que abrir “espacios de diálogo entre los ministros y alcaldes en cuanto a los temas que pueden atender, sobre las competencias del Ejecutivo y el poder local”.
Por último, Cardona considera que esta generación de alcaldes deberá enfrentar problemas como la gestión de proyectos de salud, educación y ordenamiento territorial, y también reforzar el control del tránsito vial, que en los últimos 25 años se ha incrementado de manera significativa en las cabeceras departamentales”.
Nuevos y reelectos
En el caso de las municipalidades que seguirán bajo la gestión del mismo jefe edil, los retos suponen algo distinto, indica Cardona, sobre todo porque algunos ya superan los tres o cuatro períodos al frente de las corporaciones.
Las comunas que enfrentarán problemas, a criterio de Cardona, serán las mismas en las que se registraron disturbios en las elecciones. San José del Golfo, Guatemala; San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, y Río Bravo, Suchitepéquez, por citar algunas.
Otro desafío es que algunas recibirán grandes deudas o proyectos mal hechos o no ejecutados que han generado conflictos.
“Hay varias así, donde hubo alcaldes que estuvieron más de 25 años en el poder. El nuevo gobierno debe establecer una auditoría exhaustiva, por los problemas que hereda”, destaca, al añadir que conoce el caso de una comuna de Quiché en la cual un alcalde estuvo 16 años y dejó una deuda de más de Q25 millones, casi igual o mayor al presupuesto.
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