El domingo pasado naufragó toda posibilidad de mantener a la Cicig en Guatemala. El investigador de esa comisión, a sabiendas de que carecía de la visa respectiva, decidió viajar por vía aérea a Guatemala. En migración, la alarma del sistema detectó que era una persona vetada por el Gobierno y rechazó su ingreso. Se le condujo a otra línea aérea para devolverlo a su país. Posteriormente se pone en obra un teatro de lo absurdo, en el que interviene el Ministerio Público, el sistema de migración y hasta la Corte de Constitucionalidad, obligando al Gobierno, mediante un amparo, el ingreso al país del investigador. La ruta de colisión se inicia. La canciller parte esa noche para Nueva York.

Esta es la culminación de una serie de maniobras para mantener vigente a una Cicig en un ambiente absolutamente hostil al gobierno que le invitó a venir y que, según el propio embajador Skinner Klée, que desde “el 25 de agosto del 2017, el presidente Morales llegó a la ONU a hablar exprofesamente con el secretario General, António Guterres, para presentarle cinco casos puntuales, entre ellos el allanamiento a la Casa Presidencial, la exhibición y estigmatización de su hijo y su hermano, el caso TCQ, que ejecutaron un allanamiento y después ya no hubo nada, pero se interrumpió la actividad mercantil e inversión del puerto, lo cual damnifica a Guatemala; la vapuleada al joven Andrés Zimeri por cinco agentes de seguridad de la Cicig. El comisionado fue a reclamar los videos del campo de juego, con lo cual no solo se quebrantó la custodia de la prueba, sino que también un interés manifiesto, a esos señores nunca se les procesó”.

La relación llegó a un tope, continuó el embajador Skinner Klée, “cuando ante la frustración de no recibir una respuesta después de un año de gestiones y dilación deliberada con justificaciones como: ‘esta semana no podemos reunirnos porque tengo que viajar, los casos los están estudiando en el área jurídica o sigamos viendo el convenio’. Nuestros casos eran puntuales, preocupaciones reales que gravitan no solo sobre la Constitución y el Pacto de Derechos Humanos.

Nunca se pronunciaron al respecto. Un mes después que el presidente les entregó los documentos, le contestaron que los documentos no eran oficiales porque no iban firmados ni tenían sellos. ¡Pero si el presidente es el cartero el personaje con la más alta representación e investidura del Estado! Burocráticamente se tuvo que sellar y firmar los documentos y volverlos a entregar en diciembre. Ese fue el primer gran lapsus, ya en enero comenzamos a discutir y nos salieron con esos previos de cuál es la naturaleza jurídica de la Cicig y otras cosas.

El mandato es claro en su artículo segundo, que dice que el comisionado y la Comisión se ajustan a las leyes de Guatemala, al derecho positivo y vigente de Guatemala, no a los intereses que pueda tener alguien más, y es cierto, la justicia es ciega, pero no mejor para unos y peor para otros, eso es lo que queríamos corregir y lo peor de todo que el Acuerdo se funda sobre la necesidad de proteger los derechos humanos, ese era el esquema original”. Fin de la cita.

Probablemente, mientras lea esta columna el Gobierno de Guatemala haya presentado una carta ante la ONU dando por terminado el Acuerdo.

Se rumora que la Corte de Constitucionalidad se convertirá en la “directora de las políticas de relaciones exteriores” de Guatemala y le ordenará al Ejecutivo que el Acuerdo siga vigente porque no puede terminarlo unilateralmente.

El Gobierno no podría invocar la Convención de Viena en su artículo 2, inciso 1 y 2, ante otras instancias jurídicas internacionales porque para la CC “no aplicaría”.

Cuán lamentable que por cuestiones ideológicas tengamos que atravesar esta crisis.

La tormenta perfecta ya está aquí.

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