La dictadura es un gobierno basado en los caprichos de una persona “que se arroga o recibe todos los poderes políticos, y apoyada por la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica”, según el diccionario de nuestra lengua. Es simple entonces encontrar similitudes con el actual acontecer político del país debido a cómo actúa un personaje, para colmo autodefinido como alguien “bendecido por Dios para ser el servidor más grande del país”. La actual crisis provocada por él y por dos de sus más cercanos seguidores, los titulares de Relaciones Exteriores y de Gobernación, tuvo un freno ayer, gracias a la firme actitud del Ministerio Público, para impedir la desobediencia a la orden de la Corte de Constitucionalidad respecto al ingreso al país de un funcionario de la CICIG.

Jimmy Morales había decidió no obedecer porque según él, la CC debió haber avalado dejar fuera del país a personal de la CICIG. Si bien la aberración casi enfermiza contra este ente de la ONU se debe al caso en el cual están de alguna manera involucrados su hijo y su hermano, este hecho pasa a segundo plano porque constituye desacato a un ente del tinglado legal, perpetrado por quien juró defender y respetar la Constitución. Este hecho, un golpe de estado suave, pero golpe de estado, despertó de su letargo y de su lentitud de actuar a la jefa del Ministerio Público, quien el sábado ordenó acciones legales contra quienes no obedecieran a la CC. Fue un inesperado giro porque hasta ahora el gobierno estaba muy satisfecho con las acciones tan lentas de esta funcionaria.

Haber impedido el ingreso del funcionario de CICIG y el intento de sacarlo del país vía aérea, provocó una justificada reacción de los pasajeros y la cancelación del vuelo luego de tres horas dentro de la aeronave. El delito de desacato, es decir, desobediencia a las órdenes judiciales, es un hecho grave pero cuando lo cometen el presidente y dos ministros, significa el estallido de una sorda crisis institucional y otorga al país daños colaterales –por ejemplo en cuanto a inversiones foráneas. El boletín de la jefa del MP, aunque no fue específico, puede implicar la solicitud de pérdida de antejuicio no solo a ambos sino al mandatario, cuya siguiente etapa es sufrir una paranoia política, al malinterpretar los hechos y caer en un delirio de persecución.

Los psicólogos y los psiquiatras tienen voz cantante en esto: analizar si las actuaciones del presidente no evidencian algún tipo de disfunción intelectual. La peor combinación sería la de alguien con este problema, acompañado de tendencias dictatoriales. La combinación sería grave para el país. Tomar medidas para solucionarlo se imposibilita a causa de ser el congreso el órgano político donde se deben tomar decisiones basadas en los informes médicos, porque se trata del peor parlamento de la historia nacional, al refulgir la inmoralidad del pacto de corruptos, y a la nefasta integración de las hordas politiqueras autocalificadas de partidos políticos. Sin antejuicio, los ministros pueden salir del gabinete, pero esto sin duda no es suficiente.

La actual realidad política se debe analizar panorámicamente. A ras del suelo no se puede ver la interrelación de las acciones. Y solucionarlo es tarea propia de analistas, en base a criterios políticos, ideológicos, lógicos, y a la experiencia de vida. Así es fácil comprender, por ejemplo, la no tan oculta realidad del capricho por establecer una dictadura. La posibilidad de la separación legal de los cargos y de la colocación de los sustitutos es muy difícil, no imposible, pero necesita la manifestación pública del criterio del ciudadano, cuyo hastío lo hizo buscar infructuosamente algo nuevo en las anteriores elecciones, y castigar con el voto en contra a quien que ejerció de facto la presidencia. La lucha es ahora distinta, pero no podrá ganarse con el desapego y el desinterés mayoritarios.