El Instituto Guatemalteco de Migración no permitió el ingreso del investigador de la Cicig, ya que según el sistema migratorio esta persona tiene prohibición por “disposición de seguridad y de orden público” de conformidad con un oficio del 21 de diciembre del 2018, misma fecha que la Corte de Constitucionalidad ordenó el ingreso y entrega de visas a ocho investigadores de Cicig y tres de sus familiares.
El jefe del grupo C de delegados de Migración, Miguel Antonio Cantoral Dávila, e Irma Cruz Suntecun Tesucun, delegada de Migración, fueron los que no permitieron el ingreso del investigador de la Cicig.
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“Que nosotros la delegación del Migración del grupo C, del Aeropuerto Internacional La Aurora del Instituto Guatemalteco de Migración, en ningún momento hemos sido notificados de la sentencia u orden emitida por la Corte de Constitucionalidad por parte de la Corte de Constitucionalidad, del Instituto Guatemalteco de Migración y otras instituciones por lo que se desconoce el contenido de la resolución invocada, por tanto al carecer de la notificación de la misma no se permite el ingreso”, señala el acta establecida en la delegación de Migración en la terminal aérea.
Por aparte, las líneas aéreas recibieron el 28 de diciembre del 2018 un aviso del Instituto Guatemalteco de Migración donde les hace de su conocimiento que por orden y seguridad pública se prohibió el ingreso al territorio nacional de: Coriolano Marcelo Umpierrez Osorio, John Washington Giménez Robayna, María Martín Quintana, Fernando Robles Reyes, Yilen Osorio Zuluaga, Roque Marcelo Veliz López, Horacio Roberto Picardo Candia, Luis Fernando Orozco Álvarez, Fernando Washington dos Santos Oliveira y César Augusto Rincón Sabogal.
“En virtud de lo anterior, se solicita su colaboración a efecto de tomar las medidas pertinentes para limitar el ingreso o abordaje de las personas antes indicadas, en cualquier vuelo cuyo destino final sea la república de Guatemala; lo anterior, basados en los artículos 59, 66 literal a y 210 del decreto 44-2016 del Congreso”, detalla el aviso. Mismo que no tiene firma solo el sello del Instituto Guatemalteco de Migración.
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La Corte de Constitucionalidad resolvió el 21 de diciembre del año pasado que se deben entregar las visas y que no se debe restringir la locomoción de los funcionarios de Cicig.
“En lo sucesivo, resuelva favorablemente las solicitudes de visa que estén pendientes de extender y que a futuro solicite la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con la celeridad que el caso amerita, se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y el tránsito de los funcionarios de la Cicig”, señala la resolución.
Ante la negativa de Migración de permitir el ingreso, el sábado, de Osorio Zuluaga, el Ministerio Público informó que la Fiscal General, María Consuelo Porras, ordenó al personal del MP que ordenaran a los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) que cumplieran con la resolución de la CC. A la vez, elementos de seguridad de esa institución fueron enviados a la termina aérea para respaldar el trabajo de los fiscales, lo cual generó momentos de tensión pues a la vez fueron desplegados decenas de agentes de la PNC, incluídos varios antimotines.
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