El 21 de diciembre último el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer que dentro de la “Lista de Actores Corruptos en Centroamérica”, conocida como Lista Engel, incluyó a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés y a tres fiscales del Ministerio Público (MP).
Valdés fue magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a criterio del Departamento de Estado, utilizó su puesto para colocar a un grupo de jueces afines a ciertos intereses.
Los fiscales son Leonor Eugenia Morales Lazo y Pedro Hernández González, ambos integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, porque presuntamente participaron en una investigación “por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”, dice el informe.
También se incluye en la lista al fiscal Noé Rivera Vásquez, fiscal de asuntos internos, por aparentemente “presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”.
El anuncio de los nuevos incluidos en la lista se realizó después de que el 11 de diciembre, EE. UU., anunciara restricciones de visa a 300 guatemaltecos, incluyendo 100 diputados del Congreso y familiares por “socavar la democracia”
En esta ocasión, el Departamento de Estado destacó que “la voluntad del pueblo guatemalteco debería ser respetada” y que impondrá medidas contra quienes socaven la democracia, además, condenó las investigaciones del MP y otros actores en contra de los resultados electorales.
También criticó las solicitudes para retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo.
El 1 de diciembre EE.UU. sancionó con la Ley Magnitsky a Miguel Martínez, por haber recibido “grandes sobornos por facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V”. Además, EE.UU. asegura que “se confabuló con otros funcionarios del gobierno guatemalteco para adjudicar contratos ilegalmente”.
Martínez estuvo a cargo del Centro de Gobierno, una entidad creada el 28 de enero de 2020, es decir en las primeras semanas del gobierno de Alejandro Giammattei, la que tenía representación en cada uno de los ministerios del Estado.
El 20 de septiembre de 2021, fue incluida en la lista Engel la fiscal general, María Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda.
El 16 de mayo de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. comunicó que nuevamente designó a la fiscal general María Consuelo Porras Argueta en la Lista Engel, debido a que “durante su gestión, obstruyó y menoscabó en forma reiterada, investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados y conseguir favores políticos indebidos”.
En qué consisten las sanciones
Del 201 hasta el 19 de julio de este año, 49 guatemaltecos habían sido sancionados por su presunta responsabilidad en “corrupción significativa” a los que incluyó en la lista Engel, aparte de aplicarles la Ley Magnitsky.
La normativa Engel fue presentada por Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, e implica la negación de ingreso a ese país.
La Ley Magnitsky fue creada en 2012 para imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos contra los derechos humanos, hayan incurrido en actos de corrupción en sus propios países o cometan delitos relacionados con el narcotráfico.
Las implicaciones de ser sancionado con la Ley Magnitsky equivalen a una “muerte financiera”, según los analistas, debido a que ninguna entidad de EE.UU., incluso bancos o compañías emisoras de tarjetas de crédito, pueden hacer negocios con las personas sancionadas o sus empresas.
Asimismo, las instituciones financieras estadounidenses no pueden relacionarse con otras que tengan vínculos con los sancionados. En Guatemala, prácticamente todos los bancos e instituciones financieras tienen flujos de transacciones con sus pares en EE. UU.
Castigo severo
La política de Estados Unidos hacia Guatemala es una herramienta efectiva para castigar a los gobernantes corruptos y sus aliados, y sus efectos son un castigo severo, dice Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana.
“La Ley Magnitsky es una muerte económica, ya no pueden tener acceso a bancos, créditos y tarjetas. Con estas acciones de Estados Unidos se demuestra que se logró frenar en gran medida el impacto de anular las elecciones. “Guatemala es el único país que rompió récord a nivel mundial en castigos, cuando se retiraron 300 visas en un día”, expuso.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, dice que estas sanciones son el reflejo de la realidad laboral y personal de quienes han ejercido un cargo público.
“Se ha atentado contra la democracia con tal de favorecer el enriquecimiento ilícito y la impunidad. Las sanciones del gobierno de Estados Unidos solo confirman las percepciones que hay en Guatemala por las malas decisiones de estas personas”, señaló.
Ibarra dice que las sanciones son graves porque son una falta de reconocimiento a la honorabilidad para el ejercicio de los cargos públicos y daña reputaciones.
