En un comunicado, las autoridades ancestrales señalan que la aprobación del Presupuesto 2024 estuvo a cargo de un congreso “dominado por el pacto de corruptos” y cuya aprobación se llevó a cabo al filo de la medianoche del pasado 30 de noviembre; además, detallan que el erario tiene dos intenciones: “seguir desviando fondos para enriquecer a los corruptos y extorsionar y limitarle al nuevo presidente los recursos que debe usar para cumplir con su plan de gobierno”.
“La suspensión provisional del presupuesto nacional para el 2024 pone un freno a los intentos del pacto de corruptos de seguirse adueñando de los impuestos de la población guatemalteca, ya que destinaba más de cinco mil millones de quetzales a ONGs, instituciones educativas y de beneficencia, varias de las cuales pertenecen o tienen vínculos con diputados corruptos”, señala el comunicado.
El documento añade que el Presupuesto que fue aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente Alejandro Giammattei “ordenaba que se continuaran pagando obras de infraestructura sobrevaluadas y que se han utilizado para lo corrupción.
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Además, detalla que el Presupuesto obliga que solo se contrate espacios en medios de comunicación que “se aliaron al pacto de corruptos”.
“Las disposiciones que contiene el decreto del nuevo presupuesto no solamente afectan al gobierno, sino a la población en general, al restarle centenares de millones de quetzales al ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tal y como este mismo congreso lo hizo en el 2020, al restar recursos para combatir la pandemia”, dice el comunicado.
Detalla que también hace “importantes” recortes en los ministerios de Agricultura, Cultura y Desarrollo Social, mientras que le incrementa al Ministerio Público “como un pago al nefasto papel que la fiscal general ha tenido en la crisis política que se vive en el país”.
“El Congreso también pretendía inmiscuirse en funciones del Ejecutivo al obligarle a contar con la autorización del Organismo Legislativo para la colocación o recolocación de bonos del Tesoro, lo cual dificultaría al nuevo gobierno pagar oportunamente el servicio de la deuda pública y paralizaría buena parte de la inversión pública”, dice la misiva.
Las organizaciones indígenas señalan que el Presupuesto 2024 amenaza derechos humanos y preceptos constitucionales “afectando el derecho a la vida, la alimentación, la justicia y el desarrollo integral por lo que la Corte de Constitucionalidad ha considerado como válidos los argumentos de la amenaza cierta e inminente a estos derechos, así como la omisión por parte del Pleno del Congreso, de realizar una adecuada discusión y votación”.
“Las autoridades ancestrales y organizaciones sociales que promovimos este amparo para garantizar el bien común y la defensa de los derechos de las y los guatemaltecos, demandamos que la Corte de Constitucionalidad otorgue el amparo definitivo y suspenda el presupuesto aprobado para beneficiar a los corruptos y la extorsionar al gobierno entrante”, concluye el comunicado.
