Lo anterior significa que la futura administración de gobierno deberá de trabajar con el presupuesto de este año, un plan financiero que a criterio de Movimiento Semilla, el futuro partido oficial, es más adecuado que el aprobado por los diputados y respaldado por el presidente.
La acción de amparo fue promovida por un colectivo indígena, representado por Edgar Benjamín Tuy Bixcul, sindico de la municipalidad indígena de Sololá, según informó una fuente constitucional.
A la acción legal también se suma Fundación Pro bienestar del Minusválido (Fundabiem), representados por la abogada Zoila Virginia Maddaleno Vela, dirigida la acción de amparo en contra del Congreso de la República.
Los argumentos dan cuenta que hubo discusión y una adecuada votación sobre una enmienda, que según el decreto 18–2023, fue promovida por el diputado Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas e integrante del bloque Vamos.
Ese punto legal era el que daba vida a la asignación de recursos públicos referentes a organizaciones sociales y fundaciones, en las cuales Fundabiem ya no aparecía en la enmienda, siendo excluido de la recepción de fondos públicos a último minuto, ya que en el dictamen si estaban agregados.
El presupuesto nacional del 2024, que ascendía a Q124 mil 879 millones, quedó en pausa por el voto a favor de cuatro magistrados: Roberto Molina Barreto, Néster Vásquez Pimentel, Leila Lemus y Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien no compartió la votación fue la magistrada Dina Ochoa.
