Se trata de la Resolución No. 03/2023 “Derechos Humanos, la Instrumentalización del Sistema de Justicia y los Graves Riesgos para el Estado de Derecho en Guatemala”, la cual surgió “ante la grave crisis política e institucional en ese país derivada de las acciones e injerencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público que atentan contra el resultado de las Elecciones Generales y el proceso de transición de la Presidencia y Vicepresidencia de la República en curso”, señala el documento.
En su resolución, la CIDH alerta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional sobre una “inminente ruptura del orden constitucional debido al abuso de poder y la instrumentalización de la función constitucional de investigación de delitos por parte del Ministerio Público con la finalidad de invalidar la integridad y los resultados del proceso electoral y evitar la toma de posesión de las autoridades electas conforme a la voluntad popular expresada en las elecciones generales”.
La CIDH advierte que la “instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala”, desde que comenzó el proceso electoral, han puesto de manifiesto “el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público”.
Agrega que esas acciones han erosionado “el sistema de controles y contrapesos del Estado democrático de derecho debido a la ausencia de garantías del Poder Judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad; y la complacencia del Poder Ejecutivo, colocando en entredicho el orden constitucional, el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos de la población”.
Además, detalla que observa el “acelerado trámite de procesos de antejuicio y otras decisiones severamente cuestionadas que han sido tomadas por el Congreso de la República en esta coyuntura, como por ejemplo el levantamiento de inmunidad a las personas magistradas del Tribunal Supremo Electoral”.
Ante esos escenarios, la CIDH formula varias recomendaciones al Estado de Guatemala, entre las cuales insta a todos los poderes públicos a garantizar el respeto al orden constitucional y la preservación del Estado de derecho y llama a garantizar mecanismos para la rendición de cuentas de la fiscal general Consuelo Porras “compatibles con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y con el principio de autonomía e independencia de dicha institución”.
También recomienda garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se hagan conforme a los estándares interamericanos, “bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, libre de injerencias políticas indebidas”.
Asimismo, la CIDH insta a proteger la vida y la integridad de las autoridades políticas electas, personas defensoras, periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, a los pueblos indígenas y a sus autoridades ancestrales.
Esta resolución de la CIDH se da en momentos en que EE. UU. sancionó con el retiro de visas a más de 300 guatemaltecos, a quienes señalan de socavar la democracia en el país.
Estas sanciones se dan en un contexto de tensión por los resultados de las elecciones presidenciales de agosto en las que se impuso Bernardo Arévalo, quien promete luchar contra la corrupción.
El viernes pasado, la Fiscalía afirmó que las elecciones debían anularse por supuestas irregularidades en la primera vuelta.
El mismo día, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que los resultados de las elecciones eran “oficiales e inalterables”, y afirmó que Arévalo tomará la Presidencia el 14 enero, como estaba previsto.
