La controversia que se ha armado con relación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2024 es más una pelea entre los grupos que se quieren aferrar al poder y la nueva administración, que una discusión por verdaderos cambios trascendentales en el presupuesto. De hecho, el punto más importante, como lo es que el gasto está muy por encima de los ingresos, ni siquiera es tema de discusión en esta contienda. Se pelean por cómo gastarse el dinero, pero a nadie parece preocuparle si el dinero alcanza o de dónde saldrá.

En un análisis sobre el presupuesto presentado por Olav Dirkmaat en UFM Market Trends, se ve que los cambios con relación al presupuesto actual son mínimos y que difícilmente van a tener gran trascendencia en lo que haga el ejecutivo. El presupuesto aprobado para 2024 aumenta un 8.2 por ciento con relación al aprobado en 2023. Los gastos de funcionamiento aumentan un 5 por ciento, los gastos en infraestructura aumentan un 15 por ciento y los gastos en el “servicio” de la deuda pública aumentan un 16 por ciento. Desde esa perspectiva, no hay mayores cambios, y lo que es preocupante es que la mayor tasa de crecimiento se de en el servicio a la deuda —nuevamente, a pocos parece importarles—.

La crítica más válida hacia el presupuesto va en la línea de los fondos para organizaciones vinculadas a los diputados, así como la asignación de obras “sin estudios técnicos” que benefician a compañías vinculadas a los diputados. Quedan pocas dudas de que todos esos fondos están destinados a la corrupción, es decir, para que se los roben. Lo que tiene que hacer la nueva administración es simplemente no ejecutarlas. No es nada nuevo, ya existen infinidad de proyectos que nunca se ejecutan, aunque aparezcan repetidamente en los presupuestos. Hay también muchos ejemplos de cómo el ejecutivo a desobedecido incluso órdenes directas de la Corte de Constitucionalidad, como por ejemplo, la de desalojar los bloqueos. Así que tampoco hay que creerse el cuento de que están completamente atados de manos y que irremediablemente “tendrán que entregarles el dinero a los corruptos”.

El otro argumento, el de la renegociación de la deuda, es más controversial, ya que, el hecho de que “siempre se ha hecho así”, no quiere decir que sea lo correcto. Pienso que se debe discutir si una reemisión de bonos —roll-back— se debe tomar como una nueva emisión de deuda o no. Considero que lo más sano es que, a menos que en la Ley del presupuesto esté claramente especificado si se puede renovar esa deuda y por cuánto tiempo, cualquier nueva emisión de deuda debería ser autorizada específicamente por el Congreso.

Hay algunos otros temas que se pueden discutir sobre el presupuesto aprobado, como las asignaciones que se hicieron a algunas instituciones, pero, en última instancia, los cambios no son tan trascendentales, considerados en el contexto de todo el presupuesto.

Con todo y todo, yo estoy de acuerdo con que se vete el presupuesto, solo que por razones distintas a las argumentadas por quienes se han opuesto al presupuesto aprobado. En todo caso, me parece poco probable la posibilidad de que el presidente Alejandro Giammattei lo haga. La razón principal por la que apoyo el veto es porque de esta manera tendríamos un presupuesto más bajo y, por ende, menos deficitario. El presupuesto para 2024 es perjudicial, no tanto por las razones expresadas por los críticos, sino por ser fiscalmente irresponsable.

Una de las consecuencias principales es el incremento de la deuda y del servicio de la deuda, que ya vimos que es lo que más creció en este presupuesto. Si no atendemos pronto ese problema —que solo se resuelve dejando de gastar más de lo que se les quita a los tributarios— la deuda y el “servicio de la deuda” continuarán creciendo, cada vez de manera más exponencial, hasta hacer inviable cualquier presupuesto. ¡No al incremento en las deudas! ¡Sí al veto!