Un peligroso convoy sobrecargado de pesadas irresponsabilidades y tóxicas ineptitudes de funcionarios vuelca aparatosamente una y otra vez, en una especie de tormentoso déjà vu que se repite en carreteras del país con cauda de heridos, muertos y una reiterada incertidumbre. Así lo demuestra el accidente de un tráiler con pipa que, descontrolado y sin frenos, descendió varios kilómetros de la ruta Interamericana hasta llegar al inevitable y trágico kilómetro 19, donde embistió a más de 15 vehículos. Es un auténtico milagro que no haya ningún fallecido, pero no por eso deja de ser tragedia, pues sí hubo lesionados, conmoción, lamentos y el profundo miedo remanente de cuándo podría volver a ocurrir un percance aún más grave.

Tan lúgubre expectativa no es alarmismo ni exageración: ya son varios los “accidentes” ocurridos entre los kilómetros 18 y 19 de la Interamericana, en jurisdicción de Mixco, sin que se produzcan cambios en los protocolos de seguridad del transporte pesado, sin que se construya una rampa de emergencia y sin que se evalúen sanciones en contra de pilotos que abusan de la velocidad y de la dimensión de los automotores en plena bajada, pese a tantos antecedentes lamentables.

Quede claro que no se trata de crear animadversiones ni prejuicios en contra de tan importante sector productivo. El transporte de carga es un pilar fundamental de la economía nacional. No se puede concebir la vida moderna, la distribución masiva de mercaderías ni el uso masivo de combustibles o insumos químicos industriales sin los camiones pesados de todo tipo. En efecto, estos vehículos y tráileres son solo el 5% del parque vehicular, pero protagonizan el 10% de los sucesos viales.

En noviembre de 2016 entró en vigencia la llamada Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Vial, en la cual se establecían mayores controles sobre la velocidad de transporte de pasajeros y de carga, se planteaba la instalación de dispositivos para la reducción de velocidad, se imponían multas a conductores bajo influjo de alcohol o drogas e incluso había posibles suspensiones de empresas que no propiciaran protocolos de seguridad vial. Dicha norma generó reclamos, protestas y hasta bloqueos; su vigencia fue aplazada una y otra vez. Su reglamento fue finalmente emitido después de tres años, pero fue motivo de manifestaciones que mantienen su vigencia en vilo y a medio cumplir.

Ciertamente se trata de un tema intersectorial. Los transportistas de carga y pasajeros aducen gastos extra y posible pérdida de competitividad con la implementación de reguladores. Del otro lado se encuentran las víctimas de siniestros como el mencionado. Sin embargo, en rutas de todo el país son constantes las denuncias de imprudencia de pilotos de autobuses y camiones sin que exista identificación o sanción alguna contra ellos. Además es irrespetuoso el uso de este tema para histrionismos mediáticos como los del alcalde de Mixco, cuyos ofrecimientos se han quedado en palabras bajo predecibles excusas.

En todo caso, el Ministerio de Comunicaciones y la Dirección de Transporte tienen una deuda pendiente con la seguridad vial. La rampa de frenado de emergencia en la ruta Interamericana es su responsabilidad. ¿Están esperando a que haya más muertos en este tramo? ¿O solo es indiferencia o ineptitud? Y esto último se deduce del abandono en el que se encuentra la rampa de frenado de la autopista Palín-Escuintla, que cuando era de peaje recibía mantenimiento constante.