Tres situaciones sacudieron ayer el ámbito público, toda vez que involucran a diputados, magistrados o exfuncionarios. Todas se encuentran interrelacionadas por causalidades, nexos y potestades, pero sobre todo por ser la exhibición fehaciente de una inédita crisis institucional, largamente arrastrada y agravada por la inverecundia de los conflictos de interés, tráfico de favores e inaceptables procuras de impunidad. No obstante, dicho cuadro amerita soluciones sistémicas, con participación de todos los sectores de la sociedad y visión de Estado, dentro de un imprescindible marco de continuidad democrática constitucional ya dictada por la ciudadanía.

La legislatura saliente hizo eco final a su desparpajo e irrespeto a la ciudadanía, al aprobar, detrás de un cerco policial que dejó inermes varias zonas capitalinas, un mamarracho presupuestario, plagado de enmiendas lesivas efectuadas por diputados oficialistas. Pero para ello contaron con el voto, en último minuto, de supuestos opositores, falsos defensores de la unión y herederos de rancios abolengos venidos a menos que hoy solo son tristes lacayos.

Talvez a esa aprobación final presupuestaria se refería el diputado cuasioficialista representante por Chiquimula, Boris España, al decirle por teléfono a un incógnito pero muy interesado interlocutor que arreglaría algo. Tal identificación debe ser exigida por todas las vías de acceso a la información pública, por ser un potencial y flagrante indicio de tráfico de influencias. No se puede apelar a la privacidad porque el presidente de la plenaria conversaba en la tribuna, pública por excelencia, en una línea pagada con fondos del pueblo, sobre un tema de interés nacional que pudo ser el gasto 2024 o el desafuero de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

De hecho, en la misma sesión, después de haberse despachado a sus anchas el presupuesto del 2024, sobrevino el desafuero de cuatro magistrados, a causa de una supuesta sobrevaloración, tras una pesquisa acelerada de la comisión, cuyo presidente denunció amenazas justo después de haber pedido más tiempo para hacer una investigación imparcial. Fueron 115 los votos a favor del desafuero. Ayer, los cuatro magistrados salieron del país con un permiso especial y la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, señaló que dicho golpe prácticamente desintegra ese tribunal, aunque ello no afecta en manera alguna el ya concluido proceso electoral.

El 15 de noviembre último, la bancada oficialista se reunió con el dirigente del partido Vamos, Miguel Martínez, exdirector del extinto Centro de Gobierno, poco antes de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual se retrasó cuatro años pero súbitamente se resolvió aquella noche.

Ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la aplicación de la Ley Magnitsky contra Martínez, a quien señala de haber “influido en el proceso de contratos gubernamentales para su beneficio y el de sus colaboradores cercanos”. EE. UU. agrega que este supuestamente “solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V”, un caso sobre el cual el Ministerio Público no ha presentado resultado alguno en más de dos años. Martínez, cuyos activos y movimientos económicos vinculados en cualquier forma con alguna entidad relacionada al sistema financiero estadounidense, dijo en redes sociales: “No me intimidarán, con la frente en alto aunque los enemigos del país quieran que solo se persiga a los corruptos que ellos deseen”.