Sí, el actual Presupuesto de Gastos 2024 que el oficialismo legislativo avaló en primera lectura el viernes último se puede calificar de lesivo para la ciudadanía, que es quien con su trabajo, esfuerzo e impuestos aporta esos fondos. El Ministerio de Finanzas presentó un proyecto técnico que fue chapuceado por la Comisión de Finanzas y Moneda, presidida por el diputado de Vamos Cándido Leal, quien es leal a los intereses de su grupo, mas no a los de la ciudadanía guatemalteca.

El proyecto original fue calificado de técnicamente aceptable por centros de análisis económicos, en cuanto a su financiamiento y distribución de rubros. Sin embargo, en lugar de respetar criterios fundamentados en las publicitadas rondas de Presupuesto Abierto, la comisión al mando de Leal priorizó clientelismos politiqueros, favoritismos obvios, animadversiones poselectorales y bolsones de discrecionalidad que convienen a congresistas distritales, alcaldías afines y comités comunitarios de desarrollo alineados, cuyos proyectos a menudo quedan a merced de caciques, contratistas y exdiputados.

El dictamen de la Comisión refleja lealtades convenientes: le quitaron Q417 millones al Ministerio de Salud, Q125 millones a Agricultura, Ganadería y Alimentación; Q325 millones a la cartera a cargo de la Seguridad, Q356 millones a Desarrollo Social. Le subieron Q370 millones al Ministerio Público (MP), Q400 millones al Organismo Judicial; Q70 millones a la Corte de Constitucionalidad, Q200 millones al Registro Nacional de Personas (Renap) y Q200 millones a la Usac. Avalaron el dictamen diputados de Vamos, UNE, Winaq, URNG, Viva, Valor, Bien, Victoria, Humanista y de la extinta UCN.

El jueves último, el trastocado trasquilado presupuestario pasó en primera lectura sin discusión alguna, pero también es posible deducir que sin reflexión ni análisis, sin sentido crítico ni criterio de Estado. De hecho, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo recomienda no aprobar este dictamen, debido a los desajustes introducidos en la Comisión, que se ven agravados por una formulación que podría implicar inconstitucionalidades. En su afán por sabotear, amarrar o chantajear a la gestión gubernamental siguiente, los comisionistas, que no comisionados, han cometido garrafales errores muy difícilmente enmendables y menos aún si ni siquiera se aprovechan las lecturas de ley.

A esto se suma la carrera contra el tiempo: el Presupuesto debe estar aprobado el 30 de noviembre, por lo tanto solo restan tres días. Una opción es que la Comisión enmiende sus acciones y apruebe la primera versión, pero eso obviamente contravendría las lealtades, favores y avenencias mencionadas anteriormente. La segunda opción es que se discutan en pleno los traslados y se solventen los entuertos legaloides introducidos por la Comisión, pero, dada la ineficiencia legislativa, quizá no daría tiempo y no se tendría el interés de hacerlo porque desaparece el incentivo.

En todo caso, la propuesta original ya adolecía de defectos que el gobierno de Giammattei Falla ofreció corregir pero no lo hizo: se siguen utilizando préstamos para financiar gastos de funcionamiento, más del 75% del gasto ya está comprometido en pagos de salarios y pactos colectivos cuyo beneficio a la ciudadanía es dudoso; la inversión en desarrollo, tecnología e infraestructura sigue sujeta a lastres estructurales. Lo más correcto y lo más leal a la ciudadanía sería hacer de cada plan de gasto una herramienta de beneficio común, no sectario.